Hace un año, el juez dictó sentencia acogiendo el amparo promovido por los vecinos y en abril pasado mandó a la Provincia disponer un cordón sanitario preventivo alrededor de los puntos de contaminación y al municipio colocar carteles indicativos con el texto: “El agua del

Río Arenales no es apta para uso recreativo en contacto directo, ni puede ser empleada para consumo humano, ni aún con tratamiento convencional”.

La audiencia informativa fue convocada por el juez Domínguez con la finalidad de escuchar los informes y que estos sean conocidos directamente por los vecinos que colmaron el Salón de Grandes Juicios en el subsuelo de la Ciudad Judicial.

Los vecinos estuvieron representados por sus patrocinantes Pedro Arancibia y Javier Chávez. Participaron el fiscal de Cámara Ramiro Michel Cullen; apoderados de la Provincia y del municipio, además de los representantes de la empresa.

La sentencia que el juez dictó se encuentra actualmente en trámite de apelación, aspecto sobre el cual el magistrado recordó el carácter perentorio de lo resuelto.

La provincia sostuvo haber cumplido con lo ordenado, aunque los funcionarios participantes disintieron con el informe del CIF que advirtió sobre la presencia de metales pesados en las aguas del río. Destacaron en este tramo la cantidad superior de puntos de medición a lo largo de los ríos Arenales y Ancho, además de abarcar agua y sedimentos por el carácter dinámico de los ríos. Pero no negaron la presencia de metales pesados.

Cobre, plomo y aluminio son los metales detectados según el informe técnico.

Respecto del volcamiento de efluentes cloacales, los representantes de la empresa Cosaysa (Aguas del Norte), señalaron que se iniciaron obras que beneficiarán a los vecinos que habitan en las proximidades del río en el caso de quienes habitan en las proximidades de calle Ituzaingó, mientras que en el caso de la calle Amancio Pardo, los efluentes fueron derivados a la quinta colectora máxima que está en la avenida Tavella.

Al término de los informes, tres vecinos hicieron uso de la palabra. La amparista, Amelia Mercado señaló la existencia de movimientos de suelo, ante lo cual funcionarios provinciales se comprometieron a realizar una inspección ocular.

El juez en este punto pidió a las partes llevar adelante trabajos coordinados.