Se trata de la única caja previsional para profesionales de la provincia - y presumiblemente del país - que no recibe del Estado esta imposición contributiva dictada por ley y por la Constitución Nacional, que en algunos casos se calcula sobre la facturación de las entidades y en otros sobre los honorarios que corresponden al profesional.

El presidente de la Caja, Javier Núñez Burgos, afirmó que “la falta de percepción de éste porcentaje a cargo de la patronal de un profesional médico es una situación absolutamente injusta, y después de tantos años ha llevado a nuestra institución a una situación financiera crítica”. Por ello, miembros del directorio retomaron éste año las gestiones, hasta ahora infructuosas, en la Legislatura provincial y ante el Poder Ejecutivo, en la figura de la ministra de Salud Josefina Medrano.   

El vocal Juan Dellmans recordó que hablaron con la ministra “y ella entendió bastante bien que esta situación no merece debate, que es una imposición contributiva dictada por Ley, por la Constitución, y nos ofreció su apoyo. También fuimos a la Cámara de Diputados para pedir su tratamiento, hablamos con el presidente Esteban Amat, con los miembros de la Comisión de Salud, con el bloque que encabeza el diputado Rallé y todos lo entendieron también. El proyecto modificatorio tiene estado parlamentario y lo que necesitamos es que se trate para que pase al Senado lo antes posible y, una vez sancionado, empezar a tener la retribución impositiva correspondiente”.

La Ley 6556 que creó la Caja para médicos de la provincia se sancionó en 1989 y tuvo modificaciones en mayo de 1995 y junio de 2008, pero nunca se enmendó el artículo 33 acerca del capital y los recursos de la Caja. Dellmans consideró que “lo que falta introducir allí son cinco palabras – Contribución de la Comunidad Vinculada –, para que la Caja de Médicos tenga igualdad ante la ley”.