Los jueces ordenaron el traslado del condenado a la Unidad Carcelaria 1.

El tribunal también hizo lugar a la demanda civil presentada en la causa y condenó al imputado a pagar a los demandantes (familiares de Ramón Casas) la suma de 9 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses correspondientes.

Finalmente, se dispuso que se le realice al condenado un examen genético (ADN) para su incorporación al Banco de Datos Genéticos, previa asignación del DUIG por el Registro provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

Las víctimas, Casas y Soraire, eran peones de la finca “El Salto”, de Hartmut Torsten Theobald, ubicada en el paraje Palomitas de la localidad de General Güemes. El finquero llegó a juicio acusado de haberles entregado carne con sustancia tóxica (herbicida) a los dos. Los hechos ocurrieron en octubre de 2018. Tras la ingesta, Soraire logró sobrevivir pero Casas perdió la vida. El móvil de Theobald –sostuvo la fiscalía- habría sido la denuncia que había presentado la víctima fatal ante la AFIP por irregularidades en el pago de su salario como empleado de la finca. El imputado intentó deshacerse de Casas para no tener que desembolsar una indemnización. El puestero cumplía funciones en “El Salto” desde hacía unos cinco años. Al advertir que si la denuncia de Casas prosperaba Soraire también podría resultar beneficiado (el septuagenario trabajaba en condiciones de total abandono en esos campos desde hacía más de 25 años), decidió deshacerse de él también. Soraire sobrevivió porque no llegó a ingerir totalmente la carne intoxicada al percibirle un olor y un gusto extraños después de cocinarla.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Francisco Mascarello (presidente), Paola Marocco y María Livia Carabajal (vocales).  Por el Ministerio Público intervino el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. El imputado estuvo representado por Marcos Molina y Luis César Fernández. La querella y actoría civil estuvo a cargo de José F. Teseyra y Alejandro Tapia.

Durante los alegatos, el fiscal mantuvo la calificación inicial y solicitó la pena de prisión perpetua para el acusado. La defensa, en tanto, solicitó la absolución lisa y llana o, subsidiariamente, absolución por el principio de la duda.