El proyecto de resolución solicita que se informen estadísticas respecto de las infracciones efectuadas en los últimos dos años, detallando las mismas por provincia; porcentaje de infracciones como consecuencia del sistema de “foto-multa”, respecto de las infracciones totales detallada por provincia y porcentaje de infracciones como consecuencia del sistema de “foto-multa” en residentes de la provincia de Salta.
También se pide detalle del monto total de la recaudación obtenida por infracciones a nivel nacional en los últimos dos años y dentro de ello, monto total de la recaudación obtenida por infracciones producto del sistema “foto-multa” y monto total de la recaudación obtenida por infracciones producto del sistema “foto-multa” en la provincia de Salta.
El proyecto solicita además la distribución de las recaudaciones por provincia y por distrito; el Porcentual relativo a las multas no cobradas durante los últimos dos años y cómo operan las Prescripciones respecto de las multas de tránsito.
Radares ilegales
Sostiene Durand Cornejo en el fundamento de su pedido que, con la Creación en 2008 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como complemento de la ley de tránsito, se buscó reducir la tasa de siniestralidad mediante la coordinación de políticas a través del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI), que trabaja mediante la suscripción de Convenios con las Jurisdicciones Provinciales y Municipales.
Sin embargo, ello no se cumple de acuerdo al espíritu de la Ley, ya en la práctica surgieron denuncias de casos de radares ilegales colocados en rutas nacionales sin habilitación nacional, lo cual representa un sistema claro de recaudación, donde están involucrados distintos actores sociales con diferentes jerarquías y responsabilidades, que resulta impostergable poder identificar.
Agrega Durand Cornejo que, extraoficialmente se estima que de lo recaudado el 30% es para las arcas municipales y 70% para la empresa que ilegalmente puso el radar. “La primera consecuencia directa que impacta sobre el ciudadano común es el sistema de infracciones que por este juego de controles se ve alterado y concluye perjudicando en multas que no corresponden o que alteran la veracidad de los hechos”.
“Estos sistemas de control de infracciones y de multas obedecen a distintos ámbitos y jurisdicciones, que si bien resulta imprescindible que coexistan es necesario delimitar la responsabilidad que le corresponde a cada uno de esos actores para que el perjuicio no recaiga siempre sobre los ciudadanos, resultando imperioso clarificar y definir responsabilidades y en forma paralela proteger a los ciudadanos de los defectos del sistema que inevitablemente los castiga”, concluye el legislador.
