La Ley Bases va por su quinto mes de discusión en el Congreso y aún no encontró su forma definitiva. Los delegados de Javier Milei volvieron a asentarse en el Palacio Legislativo, ahora del lado del Senado, para intentar una redacción que permita la aprobación, aunque con modificaciones que la harán volver a Diputados. La estrategia es desordenada e incierta, igual que en la Cámara baja, aunque deberá tener resultados más sofisticados que aquella si quiere ser efectiva: si los nuevos cambios al texto no contentan por igual a senadores y a diputados, la discusión podría volver a empantanarse.
En la Casa Rosada están al tanto de la dificultad, contemplada en la negociación con el PRO y la UCR. En medio de las especulaciones sobre qué hará Diputados con los cambios que reciba el texto, la lógica indica que si es el propio Gobierno el que está acordando y aceptando las nuevas modificaciones, éstas serán ratificadas por el oficialismo ampliado (libertarios, macristas y radicales aliados) en la Cámara baja. Para hacerlo, solo necesitarán una mayoría simple. Sondeos preliminares con los bloques afines a acompañar o negociar con el oficialismo ratifican esa posibilidad.
Esos cambios fueron empujados en los últimos días por el tándem Martín Lousteau — Guadalupe Tagliaferri. El radical y la dirigente porteña referenciada en Horacio Rodríguez Larreta pudieron hacer lo que sus pares en Diputados no lograron: analizar el texto bajo la lupa y escandalizar con la sola lectura de algunos de sus artículos. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue el principal apuntado y el Ejecutivo y el Congreso negocian suavizar las enormes concesiones que contenía para los inversores extranjeros.
La negociación que encaró el equipo del Ejecutivo es, igual que pasó en Diputados, accidentada y fragmentaria; lo que hace difícil reconstruir –incluso para los protagonistas de las conversaciones– en qué punto están los pedidos de modificaciones. En principio, es posible avizorar cambios en los alcances de los superpoderes que el proyecto de ley le da al Presidente; en los beneficios del RIGI; en el blanqueo de capitales y en el piso a partir del cual los trabajadores volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias, que subiría de 1,8 a 2 millones de pesos. Hubo conversaciones respecto de la lista de empresas a privatizar parcial o totalmente –Yacimientos Carboníferos de Río Turbio entre las primeras y Aerolíneas Argentinas entre las segundas–, aunque no parecen haber prosperado.
La fragmentación de las negociaciones incluye, en representación del oficialismo, a un grupo nutrido y sin poder de decisión final. Interlocutores que se van del Congreso con la lista de solicitudes y prometen volver con una respuesta. Visitaron con asiduidad el Senado estos últimos días el ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el asesor de la Secretaría General de la Presidencia, “Lule” Menem; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. A ellos se les sumó en algunas reuniones el senador Ezequiel Atauche, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA).
