Por imperio del artículo 179 de la Constitución Provincial, en lo referente a la necesidad de normalizar situaciones de crisis o gravedad institucional, la Cámara de Diputados aprobó este martes por 54 votos a favor y un voto en contra (del PO), la intervención de la intendencia de Aguaray.

La intervención se fundamenta en la imputación que pesa sobre el intendente local, Enrique Prado, por su eventual participación en el robo y posterior venta de caños del gasoducto NEA.

Tras la media sanción dada por Diputados todo indica que la misma sería confirmada el próximo jueves por el Senado provincial, con lo cual quedará en manos del gobernador la designación del futuro interventor.

 Durante el debate, el autor del proyecto, Ramón Villa, se refirió a los hechos que llevaron a Aguaray a la situación de crisis que hoy vive, con vecinos enfrentados.

En tanto, la diputada Socorro Villamayor, habló en nombre del oficialismo para referirse a los tiempos que debió esperar la cámara para avanzar con el proyecto de intervención; habló sobre la imputación del fiscal federal Villalba y de las siguientes irregularidades adjudicadas al intendente Prado, como haber contratado como defensores a los mismos abogados que forman parte de la asesoría legal del municipio y en evenutales mentiras del jefe comunal en relación a un convenio con una empresa para la construcción de una clínica de 8 pisos, mismo que fuera desmentido por la propia empresa.

Habló de un municipio en vilo, con cáos social y enfrentamiento entre vecinos y recordó la procedencia política de Prado, quien llegó de la mano del lider del Partido de la Victoria, Sergio "Oso" Leavy.

Santiago Godoy en tanto, dijo que existe gravedad institucional que amerita la intervención, aunque reconoció que siempre es triste intervenir un municipio, cuando se trata de funcionarios que al igual que los diputados, llegan a su cargo por la legitimidad del voto popular, pero aclaró que no le cabe duda que Prado terminará detenido.

Carlos Zapata dijo a su turno que apoya la intervención porque por este acto de corrupción Salta fue epicentro en todo el páis y agradeció la valiente tarea de muchos periodistas en denunciar toda la operación del robo de caños.

También pidió que se denuncie al Ministerio Público Fiscal el amedrentamiento de la gente de Prado a los vecinos, coaccionando a la propia Cámara de Diputados.

Adrián Valenzuela, dijo a su turno que el robo fue de 13 km de caños, por 35 millones de dólares en una obra que se adjudicó en 2003 y se paralizó en 2015 con un avance del 51%. Agregó que hoy el oder legislativo está interviniendo con tristeza, pero por la lentitud de la justicia.

El diputado del PO Claudio del Plá dijo que el conflicto es real, pero que el teme del robo de caños alcanza a más gente que el intendente Prado. Consideró que si bien hablamos de un robo, el verdadero robo del siglo fue no terminar la obra del gasoducto porque la decisión política ahora es no llevar gas de Salta al NEA, sino gas del sur desde Vaca Muerta.

Por último, tras extensas intervenciones, el diputado Javier Diez dijo que tanto Ameri, como Prado, tienen un mismo padrino político y, en el caso del intendente, es la punta del iceberg del caso del robo del siglo, ya que permitió el robo de caños a 15 días de haber asumido, lo que implica que desde antes alguien lo avaló para que lo haga con total impunidad y es tarea de la justicia dilucidar quienes están por encima de él.