La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina por el presunto delito de fraude a la administración pública. En el caso de la esposa y cuñada del expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, fueron imputadas como participes necesarias del mismo delito.

Las tres personas asistieron a la audiencia de imputación asistidos por un abogado particular, se abstuvieron de declarar y no aceptaron responder preguntas de la Fiscalía.

La intervención de la UDEC se produjo tras una denuncia realizada el 24 de mayo pasado por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien señaló serias irregularidades en la administración de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario». La auditoría, que se centró en el periodo de julio a diciembre de 2023, reveló presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.

De acuerdo a la investigación, la Panadería Social habría favorecido a ciertos comercios sin justificación, en particular a los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado a la Panadería Social sumas superiores a los $50 millones por la venta de fiambres y embutidos. Según se desprende del informe de los investigadores, resultó, “cuanto menos extraño, que un ente de las características de la Panadería Social, haya adquirido insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que al menos promueva la eficiencia y la transparencia en el gasto”.

Por otra parte, la investigación reveló la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de insumos. En varias facturas, el precio de la margarina adquirida era hasta diez veces mayor que el precio de mercado. A modo de ejemplo, un proveedor facturó «Margarina Premium por 10 kg.» a $161.150, cuando el precio real rondaba los $16.560. La diferencia representó un daño patrimonial superior a los $3.300.000 sólo en este rubro.

Además, se detectaron inconsistencias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social. Las cantidades de insumos adquiridos superaban significativamente las necesarias para la producción registrada, lo que sugiere un grave faltante de stock sin explicación aparente. Según los cálculos de la auditoría, estas irregularidades podrían haber causado un daño económico de alrededor de $100 millones.