Una empresa crediticia que opera en esta Capital promovió un juicio ejecutivo en contra de una mujer a la que acusaban de haber solicitado un préstamo por la suma de $2.840 que, luego, no pagó. Para ello, se valieron de un pagaré que supuestamente ella había firmado de puño y letra. Sin embargo, la mujer desconocía la deuda.

Así fue como, para hacer valer sus derechos, recurrió a la Defensora Oficial Civil N.º 6, María Silvina Dominguez, quien finalmente logró acreditar que la firma de su defendida había sido falsificada.

Sucede que la mujer goza de una pensión por invalidez otorgada por el Estado Nacional luego de haber probado, mediante certificado médico oficial, ser hipoacúsica bilateral y padecer un retraso mental severo. Además, tiene dificultades para relacionarse y, en razón de todo esto, es analfabeta; por lo que jamás pudo firmar ningún documento de puño y letra.

Para validar su identidad, ella siempre utilizó su dedo pulgar derecho, así es que Domínguez argumentó esto ante al Juzgado de Procesos Ejecutivos de 4ta. Nominación y solicitó la excepción del pago por falsedad de título.

Ante estos fundamentos y con las pruebas presentadas, la empresa crediticia debió allanarse “de forma expresa, total, incondicional y oportuna; a la excepción interpuesta”, así es que finalmente la jueza subrogante, Sandra Marcela Cointte, le halló razón al planteo de Dominguez y falló a favor de la mujer a quien se le reclamaba la deuda, eximiéndola del pago de la misma.