En reunión conjunta, las comisiones de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados convocaron este lunes a la senadora nacional, Flavia Royón, para conocer detalles del proyecto de reforma a la Ley Nacional de Glaciares, que propone modificar la ley vigente Nº 26639, sancionada en 2010.

Participaron los senadores, Gonzalo Caro Dávalos (presidente), Leonor Minetti, Arnaldo Altamirano, Carlos Guitian, Roque Cornejo, Enrique Cornejo y Dani Nolasco. Por la Cámara de Diputados lo hicieron; Griselda Galleguillos (presidenta), Jerónimo Arjona, Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Claudio Cansinos.

Durante la reunión, se destacó la importancia de comprender cómo la reforma podría impactar a las provincias, especialmente en el caso de Salta, que no cuenta con proyectos mineros en zonas de glaciares. En este sentido, Galleguillos señaló que, si bien no tomarían una intervención directa en la ley de glaciares, consideraban necesario contar con información precisa sobre su alcance.

El senador Caro Dávalos remarcó la relevancia de estar informados sobre los detalles de la reforma y cómo podría incidir en la provincia.

Royón explicó que la reforma busca aclarar la Ley del año 2010, que no fue reglamentada durante 15 años y generó controversias debido a la superposición de competencias entre la Nación y las provincias.

Subrayó que el principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente.

Royón explicó que, según el inventario nacional, el país cuenta con un total de 17.000 glaciares, de los cuales 646 se encuentran en la provincia de Salta.

Uno de los puntos clave que se abordó durante la reunión fue la ambigüedad en la definición del "ambiente periglaciar" en la ley actual, dado que no se establece claramente qué áreas deben considerarse parte de esta definición, lo que generó disputas sobre su aplicación. La reforma busca subsanar esta falta de precisión, devolviendo a las provincias la facultad de determinar qué áreas deben ser protegidas en función de su función hídrica.

En ese sentido la reforma establece que las provincias tendrán la facultad de determinar qué glaciares cuentan con recursos hídricos estratégicos y, en consecuencia, cuáles deben ser protegidos. Además, se introduce la posibilidad de realizar estudios científicos y técnicos, favoreciendo un enfoque más funcional y menos restrictivo respecto a las actividades productivas.

En el final del encuentro la legisladora ratificó que el proyecto se tratará en el Senado durante el mes de febrero, adelantando su acompañamiento a la iniciativa.

Actual Ley Nacional

La Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010, tiene como objetivo la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, es decir, aquellas áreas cercanas a los glaciares que tienen una función en el ciclo hídrico.

La ley establece que el Estado Nacional tiene la responsabilidad de proteger estos recursos, prohibiendo actividades que puedan comprometer su integridad. Sin embargo, fue criticada por superponer competencias provinciales y por no haber sido completamente reglamentada durante más de una década, lo que generó disputas sobre su aplicación.

La ley también impide ciertas actividades productivas en las zonas donde se encuentran los glaciares, lo que ha ocasionado controversias, especialmente en relación con proyectos mineros y otras actividades extractivas. Uno de los puntos controversiales de la ley es la falta de definición clara sobre qué comprende el ambiente periglaciar, lo que dificultó su implementación.

Proyecto de Reforma

El proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, actualmente en estudio en el Senado de la Nación, propone una modificación de la ley sancionada en 2010. Uno de los cambios más relevantes es el traspaso de mayores facultades a las provincias para que puedan gestionar sus recursos naturales de manera autónoma.

La reforma aclara que la protección de los glaciares se centrará en aquellos que contienen recursos hídricos estratégicos y permitirá que las provincias actualicen el inventario de glaciares, con la posibilidad de agregar o excluir aquellos que no sean relevantes para el ciclo hídrico.

La reforma también establece un enfoque más federal y técnico, permitiendo que las provincias realicen estudios científicos y técnicos sobre el impacto ambiental de proyectos potenciales, como la minería.

En el caso de Salta, la reforma no afectaría las actividades productivas en zonas de glaciares, ya que actualmente no existen proyectos mineros en dichas áreas. Además, la reforma busca aclarar la definición de "ambiente periglaciar", permitiendo que las provincias tengan más control sobre qué áreas deben ser protegidas.