La jueza le impuso a la condenada las siguientes obligaciones por el término de dos años: no cometer nuevo delito; constituir domicilio y procurar una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades. Todo ello mientras dure el término de prueba y bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta. La jueza dispuso además que se le entreguen a la damnificada los bienes secuestrados que se encuentren sin uso.

La damnificada denunció que en noviembre de 2016 usó por última vez su tarjeta de crédito Visa para la compra de un celular y en enero de 2017 advirtió que había perdido el plástico. Hizo la denuncia del extravío el 16 de enero, pero cuando concurrió a la entidad bancaria emisora de la tarjeta para solicitar una nueva, le informaron que su tarjeta anterior no registraba la baja correspondiente, por lo que volvió a realizar el trámite telefónico.

Cuando el 26 de enero la damnificada consultó el estado de su cuenta de manera online, advirtió que tenía varias compras realizadas con la tarjeta extraviada, desde el 28 de diciembre de 2016 al 25 de enero de 2017, por un valor total de alrededor de 50 mil pesos.

La identidad de la imputada pudo determinarse a partir de una fotografía que le tomó la empleada de uno de los comercios donde realizó compras con la tarjeta ajena, a modo de medida de seguridad.