A raíz de este hecho, el Gobierno denunció a distintas personas para que sean investigadas en una lista donde menciona desde los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, al dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino y hasta una presunta conexión con espías rusos llamados "La Compañía".

Así consta en la denuncia que presentó el gobierno a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, en los tribunales de Comodoro Py para que se investiguen los posibles delitos de espionaje ilegal.

"Esas grabaciones significan que las conversaciones del Gobierno pueden ser escuchadas o analizadas por grupos enemigos del país o estar bajo auditoría ilegal de organizaciones criminales", aseveró Bullrich.

La ministra de Seguridad manifestó que "entrar a la Casa de Gobierno, grabar algo sin autorización y sacar esa información y mandarla a un lugar determinado pone de manifiesto la existencia de una cadena de personas que actúan para impactar a la opinión pública para perjudicar al Gobierno".

La funcionaria remarcó que "los periodistas que difundieron los audios no son periodistas sino que son operadores políticos que persiguen un fin determinado que es dañar al Gobierno".

"No es el caso de una opinión o una investigación sino de una concatenación de hechos donde alguien graba una conversación que luego comienza a difundir en forma de amenaza o de extorsión", agregó.

La ministra de Seguridad se quejó porque "nos tiran piedras en el Congreso, adentro y afuera, ahora en los actos de campaña y también en la Casa de Gobierno grabando en secreto a la secretaria General de la Presidencia".

"Esto es un acto de espionaje ilegal, que es grabar algo, difundirlo, manipularlo y utilizarlo con un fin determinado que en este caso es frenar la marcha del Gobierno", enfatizó la funcionaria.

Por último, Bullrich aseveró que "está probado que hubo espionaje ilegal y no importa cómo ni quien lo llevó adelante sino el hecho en sí".