El debate se realizó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Energía de la cámara baja. El dictamen de minoría fue enviado a los diputados oficialistas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y tuvo el respaldo de los referentes de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). Los dos primeros también habían avalado el despacho del Gobierno sobre los ATN.

El plan de estos mandatarios es incentivar los llamados con sus colegas este fin de semana para llegar a un acuerdo antes de la sesión, que sería el miércoles 20. Cornejo es el encargado de las gestiones, en línea con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ya consideran de su lado a gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos representantes en las comisiones firmaron el dictamen de mayoría, con el texto aprobado en el Senado, pero podrían revisar esa posición.

De todos modos, el escenario está abierto porque el resto de los mandatarios aún no han sacado los pies del plato. El proyecto original, que fue impulsado desde el Senado, tuvo un dictamen con 46 firmas, alcanzadas con el aporte de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre. La Coalición Cívica y la izquierda presentaron sus propias propuestas.

La Propuesta

La discusión gira en torno a la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles, que tiene asignaciones específicas a fondos fiduciarios no ejecutados, como los destinados a mantener la infraestructura hídrica o vial. Es uno de los tantos trucos contables del Gobierno para retener recursos y festejar el superávit.

“No hay nadie en las condiciones que ustedes plantean que se quiera hacer cargo de las rutas. Le sacan los recursos a la gente que vive bajo un gobierno provincial o local”, acusó al oficialismo Juan Manuel Pedrini, de UP. El triunfo de los gobernadores fue que, de una u otra manera, Milei aceptó que no podrá retener toda esta recaudación y, al menos, aceptó repartir una parte. El debate es cuánto se queda cada uno.

El proyecto aprobado en el Senado contempla que sólo el 14% de esa recaudación lo retenga el Tesoro, las provincias se queden con el 57,2% y la seguridad social (la ANSES) el 28,9%. De lo que se enviaría a las jurisdicciones, el 25% sería en partes iguales y el 75%, respetando los índices de coparticipación, que favorecen a los distritos más pequeños.

Milei propuso otro esquema. El dictamen de minoría plantea que el 28,9% sea para la ANSES y que el resto sea repartido entre la masa de coparticipación, que destina un 42% para las provincias. De esta manera, el fisco nacional se quedaría con aproximadamente el 30% de la recaudación, el doble que con el proyecto aprobado en el Senado.

Este dictamen de minoría tuvo la firma de La Libertad Avanza y el PRO, entre los que se sumó la chubutense Ana Clara Romero, cercana al gobernador Torres. Se adhirieron además los radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, leales a Alfredo Cornejo.

El debate en comisiones duró una hora y media, porque con las cartas echadas todos quisieron irse. “Este proyecto expresa el federalismo fiscal, porque el impuesto a los combustibles líquidos surge de cada litro de nafta que es esfuerzo de cada una de las provincias, tributado al Tesoro", dijo Esteban Paulón, de Encuentro Federal.