Por 41 votos a favor y 23 en contra se aprobó la nueva Ley de emergencia en el Senado nacional. De los tres legisladores salteños en la Cámara alta dos votaron a favor; los kirchneristas Nora Jiménez y Sergio Leavy; mientras que el representante de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Romero, votó en contra.
La Ley de “solidaridad social y reactivación productiva” declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Se suspende por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria que rige desde 2016, y durante esos seis meses el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales y se creauna comisión de legisladores y expertos para elaborar un nuevo método de actualización jubilatoria, que será enviado como proyecto de ley al Congreso, continuando vigentes los regímenes especiales que tienen los jueces, diplomáticos, expresidentes, docentes, docentes universitarios, científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
Por otra parte, en la futura ley se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior. Se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.
Según una reforma introducida en el debate en Diputados, se exceptuó del nuevo impuesto al transporte internacional tanto aéreo como terrestre y acuático, que sea abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario.
En cuanto a las retenciones, se sube del 30% al 33% el tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja; del 12% al 15% para el maíz; y se lleva al 5% para productos industrializados de economías regionales. Para los hidrocarburos y la minería, el techo que actualmente es del 12% baja al 8%.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para revisar el esquema tarifario, y podrá intervenir por un año del ENRE y el ENARGAS.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
