El proyecto se basa en la necesidad que el Estado garantice tres ejes básicos: contención y atención psicofísica, el desarrollo educacional y la asistencia económica a las personas que tomen a su cargo a los niños y las niñas.
Finalmente, es necesario un compromiso ético y moral de la sociedad en su conjunto, de renunciar a avalar la violencia simbólica, psicológica y física contra las mujeres; cumplir con los pactos internacionales y de rango constitucional y al desafío de acompañar a las víctimas en la superación del trauma, estimular su crecimiento personal y facilitar su satisfactoria integración social.
En este sentido, resulta imprescindible y es una obligación del Estado asegurar el bienestar físico y psíquico de las niñas, niños y adolescentes, sostiene el proyecto.
