El proyecto establece modificar los artículos 15, 17, 18, 20 bis, 110, 111, 159, 162 y 172; e incorporar los artículos 76 bis y 173 bis en el Código Fiscal, incorporando al ámbito material del Impuesto a las Actividades Económicas el comercio electrónico ejercido por los sujetos que venden bienes y/o servicios en nuestra Provincia a través de medios digitales.

La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y pese a no tener dictámen figura como primer punto del orden del día, por lo que no se descarta que se debata sobre tablas, para lo cual se deberá poner al cuerpo en comisión.

También se analizará crear el Fondo Provincial de Recompensas en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Salta.

El Proyecto de Ley tiene como objeto la creación del Fondo Provincial de Recompensa en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del Poder Ejecutivo Provincial, con el objeto de abonar una compensación dineraria a  aquellas personas que sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima, preservar su integridad física, o lograr la aprehensión de quienes hubiesen formado parte de la comisión del delito que por su gravedad, complejidad o repercusión pública justifiquen la recompensa para el suministro de la información.

Otra de las iniciativas que figuran es la de modificar el art. 10 de la Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar.

El  proyecto de ley plantea la urgencia de preservar a quienes fueron víctimas de violencia, de tomar todos los recaudos frente a la posibilidad de un nuevo ataque al agresor. Las estadísticas demuestran que cuando cesa la detención del victimario o condenado, en muchas oportunidades se producen reincidencia de violencia, que en la mayoría de los casos ha llegado al femicidio, con un total de 292 mujeres asesinadas en el año 2017 en el país y específicamente 24 muertes en la provincia de Salta, con un promedio de una mujer asesinada cada 27 horas. Pocas veces se dispone que los liberados sean monitoreados con un dispositivo electrónico, razón más que suficiente para que deban adoptarse medidas tendientes a garantizar a la mujer a los niños y niñas y a los adolescentes su protección, seguridad y la tutela efectiva de sus derechos.