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SALTA

La medida abarca a todas las urbanizaciones

Será obligatorio el soterramiento de cables

A instancias de la concejal Socorro Villamayor (Por Salta) se sancionó la Ordenanza que establece modificaciones al Código de Planeamiento Urbano Ambiental.

Concejal Villamayor
Concejal Villamayor

De esta manera se amplía la obligación de realizar las obras de soterramiento de cables a las urbanizaciones realizadas por los estados Nacional, Provincial y/o Municipal. El cambio introducido se llevó adelante eliminando la redacción que otorgaba la excepción para estas construcciones, la que estaba consignada en el inciso a) del mencionado artículo.

Durante el tratamiento de la iniciativa, la concejal Villamayor sostuvo: “Mediante estas modificaciones queremos restablecer el principio de equidad, ya que con la normativa vigente nosotros obligamos a los privados a realizar el soterramiento de cables pero exceptuamos a quien imparte la norma: al Estado”. Recordó además que “cuando se redactó el Código de Planeamiento Urbano Ambiental los profesionales a quienes se les asignó la tarea entendieron que era menester el soterramiento del cableado, bregando de este modo por la seguridad de los salteños”.

La iniciativa contaba con dos dictámenes de Comisión, lográndose la sanción de la propuesta elaborada por la concejal Socorro Villamayor (Por Salta) mediante el apoyo de los ediles que integran los bloques del PO, Ateneo Illia, Primero Salta, Por Salta, PRO y UCR. La normativa aprobada establece que en toda urbanización corresponderá que se realice, a cargo del propietario urbanizador, la ejecución de las redes subterráneas de energía eléctrica, alumbrado público, servicio de telefonía, fibra óptica, televisión por cable y todo otro servicio público o privado. También tomaron la palabra para apoyar la propuesta los concejales Ángel Ortiz (UCR), Virginia Cornejo (PRO), Ángela Di Bez (Primero Salta) y Cristina Foffani (PO).

El concejal Gastón Galíndez (PJ), por su parte, impulsaba el dictamen que establecía que las modificaciones a la normativa debían entrar en vigencia a partir del 1º de enero del 2018. Fundamentó la redacción sosteniendo que “las urbanizaciones a realizarse durante este año ya se encuentran presupuestadas, por lo que la construcción del soterrado afectará la cantidad de casas a construir”. El concejal Luis Hosel (PV) tomó también la palabra para adelantar que su bloque acompañaría el dictamen propuesto por su par justicialista.



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