En ese marco, se dispuso la remisión de oficios a los ministerios de Salud Pública, Seguridad y Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, mediante los cuales se puso en conocimiento de aspectos relacionados a los estudios remitidos por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en torno a las muestras de agua analizadas recientemente.

Por ende, se solicitó a cada cartera las medidas que, dentro de su área de acción pública, sean necesarias a fin de alertar, prevenir y proteger a los habitantes que, directa o indirectamente, tienen contacto con el tramo fluvial contaminado.

Los oficios, firmados por los fiscales penales 6 y 8, Horacio Córdoba Mazuranic y Federico Jovanovics respectivamente, fueron girados a los distintos ministerios el viernes pasado, por lo que se espera ahora que se adopten las medidas requeridas.

Cabe señalar que los fiscales actúan de manera conjunta en las distintas actuaciones penales de protección al ambiente e investigación de posibles contaminadores, los que tienen en común al tramo del río Arenales.

Al respecto, existen dos averiguaciones preliminares que involucran a ambos fiscales. Una de ellas se encuentra caratulada como “supuesta contaminación ambiental en el vertedero San Javier, a cargo del fiscal, Jovanovics, mientras que la segunda tiene como caratula “Amalia Mercado, Ariel Mamani y otros, seguido en contra de la Municipalidad de Salta y otros”, iniciado como un recurso de amparo, el que interviene el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, quien ya fue notificado al respecto.

Frente a estas dos actuaciones, los que giran en torno a hechos de incidencia ambiental que, por su origen, se encuentran vinculados, el 28 de agosto pasado, el Procurador de la Provincia, Pablo López Viñals, dispuso la actuación unificada de ambos fiscales.

La decisión se tomó en razón de dicha vinculación, como así también por la complejidad de las pesquisas desarrolladas en el marco de las mencionadas causas, con lo cual se busca una mejor y más profunda actuación de parte del Ministerio Público, sobre todo en un hecho de notoria relevancia, como la contaminación ambiental.