La iniciativa busca dar previsibilidad y transparencia a una práctica extendida, fijando reglas claras y herramientas de control para el Estado con el fin de prevenir cobros indebidos, prácticas coactivas o extorsivas.

Al respecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, diputada Socorro Villamayor, explicó que, si bien los municipios conservan la facultad de habilitar las zonas de estacionamiento medido, la Ley establece criterios generales de alcance provincial y desalentar prácticas extorsivas en la vía pública vinculadas a los denominados “trapitos”.

Entre los principales puntos, el proyecto crea un Registro Provincial de Permisionarios, de acceso público, e impone la obligatoriedad de portar una credencial oficial visible, con datos personales, fotografía, número de legajo y un código QR verificable. Dicha medida apunta a facilitar el control ciudadano y prevenir situaciones de cobro indebido o extorsivo, al tiempo que otorga mayor formalidad a la actividad.

La normativa incorpora al articulado del Código Contravencional penas de hasta 50 días de arresto o multa para quienes realicen cobros sin habilitación, con agravantes en casos de organización o en zonas de alta circulación, como eventos masivos. La iniciativa también invita a los Municipios a adherir y coordinar su implementación.

El proyecto de Ley aprobado con modificaciones, unifica iniciativas de las diputadas Socorro Villamayor, Laura Cartuccia y del senador (MC) Gustavo Carrizo . Pasó al Senado nuevamente en revisión.