En respuesta a la solicitud de la magistrada, desde la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, se informó al Ministerio Público Pupilar sobre un plan de remodelación para adaptar la infraestructura del edificio a las necesidades actuales del hogar.
Según los planos que se presentaron a la curadora oficial, el proyecto incluye nuevas habitaciones y baños para los residentes, además de una dependencia con vestuario específico para los operadores que trabajan en el lugar.
El requerimiento de María José Miranda se originó por la falta de espacios adecuados para el alojamiento y tratamiento integral de las personas afectadas en su salud mental. En el hogar residen 26 personas actualmente.
María José Miranda también planteó a las autoridades de la Provincia la necesidad de actualizar en el monto que recibe la fundación San Rafael Arcángel, que administra el hogar. En respuesta a este pedido, se informó a la curadora que ya se está gestionando una ampliación presupuestaria.
La magistrada destacó la predisposición de las autoridades provinciales para responder a los requerimientos y señaló que realizará un seguimiento de la situación del hogar.
La curadora oficial tiene el rol de supervisar el cumplimiento de los derechos de las personas afectadas en su salud mental. Una de sus responsabilidades es realizar visitas periódicas a las instituciones donde se alojan.
