Para hablar sobre el boleto gratuito y el impacto de la resolución 13/24, adoptada por la AMT en el mes de enero, por la cual se aprobó el reglamento del pase libre al transporte público; la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería del Senado recibió a referentes de distintos centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Walter Wayar y contó con la participación de los senadores, Dani Nolasco, Diego Cari, Luis Altamirano, Alejandra Navarro, Sonia Magno, Leonor Minetti y Leopoldo Salva. Por los alumnos participaron la presidente del centro de estudiantes de Ciencias Naturales, Noelia Salinas y referentes de las facultades de ciencias de la salud, exactas, ingeniería y humanidades.

Los estudiantes consideraron que la resolución se tradujo en restricciones al boleto estudiantil, habiendo limitado a 30 boletos gratuitos para alumnos ingresantes y 70 para alumnos regulares, cuando antes estaba fijado en 100 el número de pases libres. Consideraron que 30 boletos se consumen en una semana y media de clases y que no hay chance de acceder al status de alumno regular antes de agosto, por lo que ya se produjo una fuerte deserción, superior a la de otros años. De los 35 mil estudiantes de la UNSa solo 5 mil cumple con todos los requisitos de la resolución, expresaron.

También cuestionaron que la resolución sea retroactiva, con lo cual alumnos con más de 8 años en una carrera también perdieron el beneficio, cuando se debe prever todo el periodo de formación, que además de la trayectoria académica, contemple la preparación profesional.

Los estudiantes objetaron también el inicio del beneficio a mediados de marzo, cuando la actividad académica comienza antes, así como el corte del mismo antes de fin de año, cuando los últimos exámenes se toman en ese tiempo.

Indicaron que la disposición de AMT se suma a los problemas sociales y económicos de los alumnos, que provienen en su mayoría de hogares humildes y deben gastar para alquilar viviendas, pagar fotocopias, etc. siendo esta situación aún más aguda para quienes vienen a estudiar desde el interior provincial.

Finalmente argumentaron los motivos por los cuales la universidad no entregó información de sus alumnos, al considerar que los datos del estado curricular son personales, confidenciales y deben estar protegidos. En ese sentido indicaron que al recurso de amparo federal interpuesto por las autoridades universitarias se analiza presentar un amparo colectivo en la justicia provincial.

Por su parte los senadores expresaron su compromiso de trabajo para buscar una salida favorable y recordaron que la raíz de las decisiones adoptadas a nivel local proviene de los recortes de fondos nacionales, que entre otros afectaron los subsidios para el transporte.

Aclararon que comparten la lucha y que están trabajando hace tiempo con los problemas puntuales de cada departamento, así como en el proyecto de nueva ley de Transporte, que iba a ser amalgamado con otro de igual tenor elaborado por el Ejecutivo, pero que aún no fue remitido pese a haber sido anunciado el año pasado.