La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado inició este miércoles una ronda de consultas para analizar el proyecto que modifica el primer párrafo del artículo 1° de la Ley provincial N° 8471.
La iniciativa propone, además de impedir el ingreso o la permanencia en funciones docentes o no docentes de personas imputadas por delitos contra la integridad sexual mientras dure el proceso, la de quienes hayan sido condenadas por delitos dolosos de cualquier naturaleza, ampliando así el rango de acción en materia de garantías y seguridad para los alumnos.
En encuentro fue encabezado por el titular de la comisión, Dani Nolasco, junto a los senadores, Alejandra Navarro (autora), Walter Cruz, Sonia Magno y Leopoldo Salva. Por el Ministerio de Educación asistieron el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker y Gustavo Guanca, de Asuntos Jurídicos.
La autora explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de brindar más protección y resguardo a los alumnos y que responde a situaciones concretas observadas en el sistema educativo.
Desde el Ministerio de Educación se valoró la iniciativa y se sugirió la necesidad de definir con mayor precisión qué tipo de delitos dolosos con condena impedirían el ingreso y qué tipo de procesos penales en trámite serían los considerados para restringir el acceso a funciones educativas.
Williams Becker señaló la importancia de mantener criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y de distinguir entre situaciones de imputación vinculadas a delitos sexuales —ya contempladas con mayor rigor en la legislación vigente— de otras figuras penales que pueden requerir tratamiento diferenciado.
A su turno los senadores detallaron los alcances del proyecto y las distintas realidades que atraviesan las instituciones educativas. Se destacaron casos recientes que impulsaron la urgencia de revisar los mecanismos de control, así como la necesidad de resguardar la integridad física y emocional de los estudiantes. También se mencionó el impacto que estos procesos generan en comunidades pequeñas y la importancia de evitar traslados de docentes denunciados que generen nuevas situaciones de riesgo.
La senadora Navarro subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes es prioritaria y que el marco normativo debe acompañar ese objetivo, sin afectar derechos, mientras se respetan los procesos judiciales. Tanto los legisladores como los representantes del Ministerio coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una regulación más clara, que permita actuar con mayor eficacia frente a situaciones que comprometan la seguridad en el ámbito escolar.
“Buscamos que ninguna persona con antecedentes por delitos dolosos pueda estar al frente de alumnos”, concluyó.
Al finalizar, la Comisión resolvió continuar el análisis del proyecto con la participación de los restantes actores del sistema educativo, a fin de consolidar una propuesta que brinde mayores garantías para toda la comunidad escolar.
