Entre las modificaciones propuestas se estipula la prohibición de retener o no entregar boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de alumnos/as que registren morosidad en el pago cuotas o aranceles.

Asimismo, la iniciativa agrega que no puede alegarse como causal de negativa, obstrucción, restricción o menoscabo del derecho a la asistencia regular a clases y actividades institucionales y pedagógicas durante el período lectivo en curso, la falta de pago de cuotas o aranceles.

Por otra parte, establece la prohibición de actos u omisiones de hostigamiento, exclusión y discriminación motivados en la morosidad en el pago de cuotas o aranceles. A los efectos del presente artículo, se considera acto discriminatorio publicar por cualquier medio la deuda en concepto de cuotas o aranceles del alumnado, debiendo gestionar el cobro de los mismos exclusivamente con padres, madres, tutores o representantes legales.

En este sentido, la diputada Patricia Hucena, remarcó que este proyecto “propone ampliar la órbita de tutela, por un parte, se resguarda el derecho a la asistencia regular a clases y actividades institucionales y pedagógicas y a recibir documentación oficial y por otra parte, se prohíbe todo acto discriminatorio motivado en la morosidad en el pago de cuotas o aranceles”.

La diputada añadió como antecedente normativo a nivel nacional, la Ley N° 15.061, de la provincia de Buenos Aires, que adoptó este criterio defensor de derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo.

“Ninguna sociedad que promueva los ideales de paz, justicia, democracia y respeto por los derechos humanos puede prescindir de la educación; erradicar las prácticas abusivas y discriminatorias en las instituciones educativas es una necesidad prioritaria” sostuvo Hucena.

El proyecto de autoría de los diputados Esteban Amat Lacroix, Germán Rallé, Gonzalo Dávalos; Laura Cartuccia, Patricia Hucena, y Martin Pérez, fue aprobado por unanimidad, por lo que la iniciativa fue girada al Senado nuevamente en revisión.