El diputado Claudio Del Plá manifestó que no se puede ser indiferente ante lo sucedido, ya que el reclamo por la posesión de tierras de los pueblos originarios es uno de los conflictos sociales más antiguos de la historia del país, siendo este un derecho pre existente en la Constitución Nacional y por el cual el Estado no ha invertido esfuerzo alguno para garantizarlo.
“Están inventando una guerra donde no la hay para justificar el uso de la fuerza. Desde hace tres años que esta situación se repite constantemente ya sea por las Fuerzas de Seguridad o por grupos ilegales armados enviados por grandes terratenientes, buena parte de ellos extranjeros”, explicó el legislador.
El diputado aseguró que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich realiza una apología al crimen y fomenta la construcción de un Estado represor sobre el pueblo argentino en todas las declaraciones realizadas sobre el tema.
Coincidiendo con su compañero de Bloque, el diputado Arturo Borelli declaró que si bien la mayoría de los miembros del gobierno nacional dice lamentar la muerte tanto de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, sin las medidas necesarias “se está legitimando el gatillo fácil y la pena de muerte”.
En este sentido, el diputado Matías Posadas explicó que el Estado, al tener el uso monopólico de la Fuerza, debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero debe hacerlo sin caer en los abusos de poder y manejarse en el marco de la ley.
“No podemos justificar el abuso de que quienes deben garantizar nuestra seguridad maten salvajemente por la espalda a un joven”, declaró el legislador.
El diputado Pedro Sández explicó que el actual gobierno nacional retrocede en cuanto al cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios con su accionar represivo.
“Respeto la opinión de todos, pero no podemos callar las injusticias en el territorio nacional y volver a la época de violencia social y gatillo fácil”, dijo el legislador.
Por su parte, el diputado Guillermo Martinelli aseguró que el meollo de la cuestión es que los pueblos originarios argentinos fueron excluidos de sus tierras, de la civilización y no se los reconoce como etnias, ya que se les quiere imponer nuestra cultura en lugar de respetarlos.
“En ninguna parte del código penal está establecida una pena por acompañar pacíficamente el reclamo de compañeros como le pasó al joven Nahuel. Se ha transitado mucha historia en el país para volver a caer en lo mismo”, declaró el legislador.
Además, aseguró que el gobierno nacional no ha realizado esfuerzo alguno por solucionar el problema territorial que históricamente aqueja a los pueblos originarios.
El diputado Baltasar Lara Gros manifestó que este es un hecho repudiable por el lado en que se lo mire, por lo que es imprescindible que no se politice desde ninguna parte, ya que lo principal es solucionar el tema de las tierras y se deje de posponerlo para más adelante.
“Las fuerzas de seguridad deben llamar al orden, pero sus autoridades tienen que rever las formas de procedimiento”, declaró el legislador.
En este sentido, el diputado Ramón Villa aseguró que hay una notoria ausencia del Estado Nacional para solucionar los problemas de las etnias en el país.
En tanto, la diputada Isabel De Vita manifestó la importancia de trabajar en forma mancomunada por la humanización de la política y poder encontrar una solución a este problema que aqueja a los argentinos.
Por su parte, el diputado Héctor Chibán aseguró estar en contra de todo abuso de poder por parte del Estado, pero expresó que el caso de Santiago Maldonado dio la lección de que no debe hacerse un juicio de valor sobre lo acontecido, hasta que los hechos demuestren lo que realmente sucedió.
Coincidiendo con Chibán, el diputado Mario Ábalos expresó su rechazo al Proyecto, argumentando que la Justicia aún no se ha expedido sobre el tema.
“Esta iniciativa está muy politizada, no quiero que sea una vuelta al pasado”, declaró el legislador.
El diputado Luis Cisnero también se manifestó en contra del Proyecto explicando que si bien la violencia no resuelve nada, no es posible que “se avale el desprecio a la Nación argentina y el no respeto a las Instituciones del Estado”.
En esta sintonía con lo expuesto por Cisnero, el diputado Andrés Suriani argumentó su rechazo al Proyecto exponiendo que si bien lamenta la muerte del joven Nahuel, no existe ningún territorio sagrado en el país y aseguró que los objetivos del grupo RAM son otros muy diferentes, cercanos al terrorismo.
“Las Fuerzas de Seguridad deben velar que se respete el Estado de Derecho y fue así como actuaron. Estos pseudos mapuches armados destruyeron la Catedral de Bariloche y la estación la Trochita, no creo que la violencia sea una forma legítima de reclamo”, dijo el legislador.
Así también, Suriani lamentó el uso político de las muertes de Maldonado y Nahuel que enlutaron al país.
Coincidiendo con su compañero de Bloque, el diputado Martín De Los Ríos aseguró que es imposible no lamentar ambas muertes y que es indispensable que se investigue las circunstancias en las que sucedieron.
“Con el simple repudio no se soluciona nada y nadie en esta Cámara se ocupó de encontrar una respuesta al problema de los pueblos originarios”, declaró el legislador.
Para finalizar, el diputado Mario Mimessi expresó su repudio a lo sucedido y solicitó a los legisladores trasladar este problema de los pueblos originarios a Salta, “donde los niños mueren de hambre”.
El Proyecto fue aprobado por mayoría con los votos en negativo de los diputados Héctor Chiban, Betty Gil, Mario Ábalos, Javier Diez Villa, Bettina Romero, Kuldeep Singh, Andrés Suriani, Martín De Los Ríos, Norma Lizárraga y Luis Cisnero.