El plan de reforestación acordado con Karlen, se enmarca en tendencias internacionales que buscan efectividad ecológica y social en las recomposiciones ambientales. El proyecto conciliatorio, revisado y homologado por el Juzgado Civil de Tartagal, a cargo de la jueza Claudia Yance, es el resultado de una larga y compleja conciliación entre el demandado y la Procuración General.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
Entre otros objetivos, se contempla por dicho lapso de tiempo un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calcula la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
Asimismo, se establece que en caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Cabe recordar, que los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad Arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un Área Basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental (Balducci y Eliano; 2012), se puede decir que estaba clasificado como en estado BUENO”.
Conciliación
La propuesta sin precedentes en materia de recuperación ambiental en Argentina, se logró en el marco del proceso de conciliación que la jueza abrió, como obliga el Código Procesal Civil, tras la condena de seis meses de prisión condicional impuesta a Karlen por el delito de desobediencia judicial.
El proceso penal iniciado con posterioridad a una multa administrativa hoy judicializada, fue impulsado por el entonces fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot. La sentencia penal en tanto, fue dictada por la jueza Azucena Vázquez de la Sala II del Tribunal de Juicio el 2 de octubre del año 2015.
A la condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de desmonte ilegal, le siguió una demanda civil contra el finquero, proceso que quedó en manos de la Procuración General y la Fiscalía Civil de Tartagal.
La cifra demandada, estimada en 171 millones de pesos, surgió de un estudio ambiental a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado, el que fue realizado por técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección Nacional de Bosques, el I.N.T.A. , la U.N.Sa. y la U.B.A.
En este juicio colectivo ambiental, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante distintas etapas de trámite y cautelares hasta el 21 de junio del año 2016, cuando, a propuesta de Karlen de afrontar mejoras ambientales y sociales con producción sustentable y reconocimiento de derecho a los puesteros y comunidades, la jueza habilitó el proceso de conciliación, en el cual se buscó que las partes llegasen a un acuerdo.
