Al referirse a la propuesta, el concejal José Gauffín hizo referencia a un hecho sucedido en Córdoba, en donde una joven que padecía cáncer solicitó la autorización para el ingreso de sus familiares a la provincia pero “la burocracia, la torpeza, la incapacidad de entender una situación tan íntima y tan humana como es la necesidad de una despedida digna de un hija con su padre, truncó ese momento esperado”. En este marcó el edil expresó: “Esto me ha llevado a elaborar el Proyecto para pedirle al Ejecutivo que elabore un protocolo para la despedida digna, con la flexibilidad y celeridad que tiene que tener”.
Durante el tratamiento de la propuesta también tomaron la palabra los ediles Frida Fonseca, Raúl Córdoba (ambos de Salta Tiene Futuro) y José García (Yo Participó), quienes manifestaron su acompañamiento a la iniciativa. Fonseca, en alusión a un caso (Daiana Yampa) de similares características pero con un desenlace diferente, destacó “la ágil y rápida respuesta del gobernador de Salta para articular todos los medios para que esta familia de Jujuy pueda reunirse con su hija”. Agregando: “Es importante y valioso que se pueda contar con este protocolo para situaciones críticas como estas, porque estamos atravesando una situación muy compleja”. Su par, José García, también ponderó la necesidad de que se lleve adelante esta acción, indicando: “Muchas veces estas cuestiones burocráticas conllevan, inevitablemente, a tener un doble o triple dolor para las familias”. En tanto, Raúl Córdoba, señaló: “Necesitamos tener información clara y precisa de algunas situaciones y creo que este protocolo viene a cumplir ese rol importante”.
En los Considerandos de la iniciativa se señala que existe la necesidad de crear un protocolo sanitario y humanitario para familiares consanguíneos o afines de pacientes terminales, en orden de permitirles una despedida digna. Garantizando, además, el respeto a sus derechos humanos fundamentales, consagrados en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada con jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna.
