La Ley 8024 que crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la adecua al requerimiento internacional y que ratifica derechos reconocidos en la Constitución nacional y en la Constitución de Salta, establece la creación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Debe llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo; y actúa en todo el territorio de la Provincia.

Durante el encuentro, en el que participaron Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo; Cristina Cobos y Rodrigo Solá, de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura; Blanca Lescano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas políticas y Gremiales y Elia Fernández, Referente de HIJOS Salta; el procurador Abel Cornejo consideró clave que se constituya el Comité establecido por la ley vigente; que también establece la creación del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Precisamente, el Consejo Consultivo que atenderá las sugerencias y analizará lo monitoreado por el Comité a fin de proponer la creación de políticas públicas, debe sumar a un representante del Ministerio Público de la Provincia.

Por otra parte, los referentes de la Mesa de Derechos Humanos y el Procurador, intercambiaron sobre la necesidad de modificar la denominación actual de la Fiscalía de Derechos Humanos y que vuelva a llamarse Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias.

Otros temas abordados y sobre los cuales la Mesa de DDHH dejó documentación, fueron:

• El pedido de la Mesa de DDHH a la Corte de Justicia de Salta, para que declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 255/20, que otorga a la Policía de la Provincia amplias facultades en el control del aislamiento
• La necesidad de formación democrática, en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Policía de la Provincia
• La sistematicidad del abuso policial en la Provincia, expresada a través de distintos comunicados de la Mesa (violencia sobre pueblos originarios y otras minorías y sectores de la población de mayor vulnerabilidad). Expresamente, manifestaron “repudio a la represión policial, los desalojos y allanamientos sin orden judicial y que se frene la sensación de impunidad y hostigamiento de la fuerza de seguridad, porque agrava la situación social”
• La necesidad de que las denuncias se radiquen mayormente en Fiscalías y no en destacamentos policiales
• La puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre pasado
• La pendiente creación de Juzgados Contravencionales, tal como lo establece la normativa vigente

El Procurador se comprometió a canalizar los planteos hechos por la Mesa Provincial de Derechos Humanos y a trabajar conjuntamente con sus integrantes, para asegurar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce y “las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y sus medios para hacerlas efectivas”.