Outes brindó este miércoles ante los senadores un amplio informe sobre el plan estratégico para la minería, impulsado desde el Poder Ejecutivo, y en ese marco fundamentó el proyecto de Ley de Regalías Mineras, que actualmente cuenta con media sanción de la cámara de Diputados.
Acompañado por el presidente de REMSA, Alberto Castillo; el Coordinador de Enlace sostuvo que la minería constituye uno de los sectores que motorizará el desarrollo de la provincia por las próximas tres décadas; aunque advirtió que se deben generar las condiciones para que ese crecimiento llegue de la mano de nueva legislación, mayor seguridad jurídica, capacitación laboral, infraestructura, controles efectivos y respeto por el medio ambiente.
Sobre el proyecto de Ley de Regalías dijo que busca establecer los porcentajes con los que se grava la actividad minera en la provincia y su distribución, aclarando que los cambios planteados buscan adecuar una actividad que hasta hoy se basaba en Salta en la extracción de áridos y boratos, por un nuevo esquema basado en la extracción de metales de otro valor que requieren de mayor inversión, como oro, litio y cobre, que a la vez dejarán mayores recursos.
Con proyecciones hasta el año 2025, Outes explicó que, en el área de minería, Salta espera inversiones por 6 mil millones de dólares, lo que dejará a la provincia el año próximo 52 millones de pesos en concepto de regalías, cifra que irá aumentando hasta llegar a una estimación de 704 millones de pesos en 2.024, con la posibilidad cierta de duplicarse en 2.025 cuando entre en producción el yacimiento Taca Taca.
Con ese ejemplo, estimó que una localidad minera como San Antonio de los Cobres, pasará de ingresar un millón setecientos mil pesos este año a 32 millones de pesos en 2021, solo con regalías de una de las empresas que opera en la zona.
En materia de fuentes de trabajo también se prevé un fuerte crecimiento, ya que hoy tres empresas emplean en forma permanente a 530 personas y en forma indirecta a unas 1.615; existiendo proyectos para desarrollar entre 10 o 12 empresas más; para lo cual se requerirá capacitar a la mano de obra local para que pueda ser absorbida de acuerdo a lo que marca la Ley de promoción minera.
Sostuvo que además de la seguridad jurídica, los inversores requieren infraestructura y por ello el Estado provincial tomó a su cargo el proyecto de nuevo gasoducto a la Puna, que con una extensión de 370 km. un caño de 20 pulgadas y un costo estimado en 400 millones de dólares, contribuirá a desarrollar la actividad y a cubrir las necesidades de la población del lugar, en uno de los mayoras obras del NOA, que el gobernador Gustavo Saenz está gestionando a nivel nacional con vistas a conseguir financiación internacional.
A ello se agregan obras viales como la pavimentación de la ruta 51, parte de la 40; inversión en energías renovables como la energía solar; ferrocarril; etc. que lleven a que Salta pueda revertir años sin participación en la exportación de minerales a previsiones como un aumento del 20% para 2020 y de un 500% para el año 2021.
Explicó que se busca el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo y también de la minería, que hoy representa el 1% del PBI provincial, pero con regulaciones efectivas para que no ocurra lo que sucedió a fines del siglo pasado en el norte provincial con los hidrocarburos. Para ello se requiere de un estado que controle, recaude y reasigne esos recursos para que sean invertidos en obras por parte de los municipios.
Posteriormente, los senadores formularon consultas y expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto, a tiempo de confirmar que será tratado en la sesión del día jueves.
