Entre las reformas más destacadas se encuentra la eliminación del Ministerio de Infraestructura, la creación de la Jefatura de Gabinete, y una significativa reducción de Secretarías de Estado, pasando de 48 a 30, lo que representa un recorte del 37,5%.

El proyecto fue tratado sin grandes modificaciones, recibiendo el único voto en contra del diputado Roque Cornejo, de La Libertad Avanza. A pesar de la reducción de áreas, el gobierno provincial aseguró que la medida no afectará la eficiencia del Estado.

La reforma implica que las competencias del Ministerio de Infraestructura, actualmente encabezado por Sergio Camacho, se transfieran a la nueva Jefatura de Gabinete. Este cambio podría anticipar un cambio en el rol de Camacho, quien seguiría a cargo de las mismas tareas, pero en una nueva estructura de gestión.

La diputada oficialista Socorro Villamayor defendió la medida, subrayando que la reorganización es una respuesta necesaria al contexto económico actual. “Con los recursos escasos y las restricciones nacionales, el gobernador está ajustando el gasto público para asegurar que cada peso se utilice de la mejor manera posible”, explicó.

Villamayor destacó que, a pesar de los ajustes, los servicios esenciales no se verán comprometidos. Sin embargo, advirtió que la reducción de la estructura estatal podría tener un impacto en el personal, aunque no se especificaron despidos concretos. “El objetivo es reducir el Estado sin afectar la calidad de los servicios, pero sabemos que habrá un ajuste también en el plantel de trabajadores”, reconoció la diputada.

Este recorte en las Secretarías de Estado forma parte de un plan más amplio para enfrentar la crisis económica, que incluye la asunción de costos que antes asumía Nación, como el incentivo docente, y la creciente demanda en los hospitales públicos debido a la caída de la cobertura de obras sociales y programas nacionales.

La reforma ahora pasará al Senado para su aprobación final.