El senado aprobó el proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la Procuración General de la Provincia, Fiscalías con competencia en medio ambiente, maltrato animal y resguardo del patrimonio cultural. Pasa a la Cámara de Diputados en revisión.
El proyecto pertenece a un grupo de legisladores liderados por el senador Enrique Gramaglia y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy y recepta las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas, entre muchas otras.
Este tipo de iniciativas se dan en una época en que Naciones Unidas ha hecho dramáticos llamados a la conservación ambiental, como el basado en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de reducir el calentamiento global antes de 2030.
Superar los 1,5 grados más derivará en fenómenos climáticos extremos más salvajes, mayor sequía, escasez de alimentos y devastación económica. También publicó el informe del Panel Internacional de Recursos (IRP) que resalta el hecho de que se ha triplicado la cantidad de materias primas extraídas de la Tierra en las últimas cuatro década, lo que de continuar, para el año 2050 se necesitarán 180 mil millones de toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda, que equivale a casi tres veces la cantidad actual, lo que probablemente elevará la acidificación y la eutrofización de los suelos y aguas de todo el mundo, aumentará la erosión del suelo y producirá mayores cantidades de residuos y contaminación.
Un paso importante
A nivel nacional existen fiscalías especializadas como el caso federal de la UFIMA que tiene competencia solo penal y sede en la Capital Federal, por lo que realiza investigaciones delegadas y remite antecedentes a los fiscales federales del interior. Otro caso es la UFEMA de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene competencia solo para contravenciones y faltas ambientales y de animales.
El proyecto aprobado para nuestra provincia, en tanto, tiene dos cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental, que es complejo e involucra cuestiones de tipo ecológicas y técnicas, pero también económicas, laborales, culturales y sociales.
Por un lado, el fiscal deberá abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales. Estos funcionarios tendrán como obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.
