De tales controles deberá llevar un registro pormenorizado, debiendo mantener las condiciones de higiene de toda la población. Además, recomendó que en el caso de producirse ingresos en el penal se adopten todas las previsiones sanitarias conforme los protocolos vigentes. 

La resolución fue adoptada en el marco de la acción de hábeas corpus iniciada por el Defensor General de la Provincia. Para resolver, la jueza recabó distintos informes entre los cuales se encuentra uno de la Dirección de Epidemiología de la Provincia que señaló que la población carcelaria se encuentra en menor riesgo de contraer COVID-19 en la situación epidemiológica actual que si se encontrara en aislamiento domiciliario. 

Dicho informe desaconseja, rotundamente, la posibilidad de prisión domiciliaria por la exposición al riesgo del virus si la situación epidemiológica cambiara a transmisión comunitaria, donde es imposible detectar la trazabilidad viral y fuente de contagio. Por ello la jueza consideró que no resulta posible admitir la existencia de una situación real de agravamiento para las internas en grupo de riesgo, por lo que rechazó la acción en el marco de lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Constitución Provincial.

En este marco la jueza exhortó a las autoridades penitenciarias a cumplir con los controles sanitarios diarios y remitió copias a los juzgados de Ejecución 1 y 2 y al Tribunal de Juicio Sala VI que se desempeñan durante la Feria Judicial Extraordinaria.