Si bien el Poder Judicial ha mantenido histórica y comprobadamente una ejecución del gasto apegada a principios de austeridad y de riguroso equilibrio presupuestario, con esta decisión se tiende a extremar los recaudos tendientes a reducir el gasto público y a equipararlo con la presunta disminución de futuros recursos en el actual contexto socio-económico, salvaguardando siempre el correcto funcionamiento del servicio de justicia. 

Para ello, los jueces del máximo tribunal provincial decidieron:
- congelar sus aumentos salariales; 
- suspender nombramientos; 
- limitar la asignación de viáticos a los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función judicial;
- restringir la adquisición de insumos y bienes de uso;
- optimizar la utilización de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía adecuando sistemas de control y aplicando nuevas tecnologías;
- limitar los incrementos de valores de contratos de alquiler de inmuebles y servicios en general; 
- ajustar las horas de dedicación complementaria a la estricta necesidad del servicio.

Las medidas de restricción del gasto se extenderán por el plazo de seis meses, a partir del 1º de enero del 2024.