La Secretaría de Energía y el Ente Regulador de los Servicios Públicos confirmaron que a lo largo del presente año se instalarán en zonas rurales de Salta un total de 9.000 equipos fotovoltaicos en poblaciones rurales. La inversión se realizará en el marco del Programa PERMER II (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), que es financiado por un crédito del Banco Mundial.

A través de dos licitaciones que se encuentran en marcha, se confirmó que los primeros 6.000 equipos se instalarán a vecinos de los departamentos de Anta, La Caldera, Los Andes, La Poma, Chicoana, Rosario de Lerma, Cerrillos, Metán, La Candelaria, Guachipas, La Viña, Capital, General Güemes, San Carlos, Rivadavia, Molinos, Cafayate y Cachi. En todos los casos, está previsto que la totalidad de las instalaciones se ejecuten en el transcurso de este año.

Por otra parte, otros 2.600 sistemas se instarán en los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Estas jurisdicciones fueron seleccionadas para llevar a cabo un Estudio de Impacto cuya ejecución ya fue adjudicada. Por ese motivo, el cronograma de instalaciones será diferente al de los anteriores.

En todos los departamentos está prevista la incorporación de hasta un 15% de sistemas adicionales para aquellas familias que aún no hayan solicitado los sistemas.

En Salta este Programa subsidia la provisión e instalación de sistemas fotovoltaicos individuales, miniredes con generación mini hidráulica, solar o híbridas, sistemas solares para fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares, termotanques solares), sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua potable para pequeñas comunidades donde ya exista el servicio y sistemas fotovoltaicos para proyectos productivos. La puesta en marcha de cada proyecto se lleva adelante de manera articulada entre la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) de la Secretaría de Energía de Nación y la de la provincia.

El PERMER permite el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, de manera limpia y renovable, constituyendo así una política de inclusión social que genera una mayor igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de la población.