La iniciativa tiene por objeto promover el uso seguro de las tecnologías, difundir canales de denuncia y fortalecer la protección de los datos personales, con especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular las personas mayores.

El proyecto establece lineamientos para la difusión accesible de las modalidades delictivas más frecuentes vinculadas a fraudes electrónicos, así como la promoción de prácticas de resguardo de la identidad digital y el uso responsable de la información personal.

En este marco, la norma dispone que el organismo designado por el Poder Ejecutivo será el encargado de desarrollar campañas de prevención y concientización a través de medios de comunicación, espacios públicos y plataformas digitales; además de poder rubricar convenios de cooperación con municipios, entidades bancarias y financieras, empresas de telecomunicaciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer la detección temprana de maniobras fraudulentas.

La normativa prevé además una impronta educativa, al establecer que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, promoverá la incorporación de contenidos vinculados al uso responsable de tecnologías, la protección de datos personales y la prevención de estafas en el ámbito educativo, conforme a la normativa vigente.

La iniciativa es autoría de los diputados Socorro Villamayor, Juan Pablo Cuellar, Frida Fonseca, Rodrigo García, Mónica Goicoechea, Guillermo Kripper, Marcelo Lara Gros, Marianela Marinaro y David Taranto.

Durante el tratamiento en el recinto, los diputados fundamentaron la necesidad de consolidar una política pública sostenida de prevención frente a estas modalidades delictivas, señalando su dinámica de permanente actualización asociada a la expansión del uso de tecnologías y al incremento de la brecha digital entre distintos segmentos etarios. En ese sentido, destacaron el impacto transversal de estas prácticas en la sociedad, con especial incidencia en las personas adultas mayores, y la importancia de fortalecer acciones permanentes, articuladas y de carácter preventivo, en el marco de las competencias del Estado provincial y en continuidad con antecedentes normativos vinculados a la evolución de estas conductas y modalidades delictivas.

El proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad del Cuerpo y pasó al Senado en revisión.