Para exponer la compleja situación por la que atraviesan desde hace varios años, representantes de dos familias de la comunidad diaguita “Cholonkas”, de Campo Belgrano, fueron recibidos este miércoles por la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Walter Cruz, junto a los legisladores, Luis Altamirano, Sonia Magno, Dani Nolasco, Alejandra Navarro y Esteban D’Andrea. Por la comunidad estuvieron la cacique, Eusebia Puca, acompañada por Gabriela Rodríguez y María Guzmán.  

En su relato, las mujeres indicaron que el problema se originó hace doce años, cuando Guzmán permitió a una familia con siete hijos, que estaba en la ruta 28, poder quedarse en el fondo de sus tierras hasta que pudieran encontrar un lugar donde vivir. Esa obra de generosidad se terminó convirtiendo en una ocupación y con el tiempo comenzaron actos de violencia física contra miembros de su familia y hasta un abuso sexual, que determinó la condena y encarcelamiento del agresor.

Sin embargo, relataron que al cumplir la pena éste regresó a vivir con su familia, violando las disposiciones judiciales sobre no acercamiento y amedrentando a los denunciantes, en una espiral continua de violencia que torna muy difícil la convivencia con las familias Guzmán y Rodríguez.

La cacique Puca indicó que la comunidad cuenta con un relevamiento territorial de los diaguitas que viven sobre la ruta 28, al margen del río, camino a Lesser, pero no así con la titularidad registral, ya que las familias afectadas figuran como tenedores precarios; aclarando que la acción judicial de desalojo planteada tiempo atrás, resultó desfavorable porque, de acuerdo a su visión, los ocupantes consiguieron documentación falsa, avalada por una persona que no posee la representación del sector.

En ese sentido anticipó que será la propia comunidad Cholonka la que intervenga en el caso con presentaciones ante la fiscalía y exposiciones ante el Senado, el IPPIS y las secretarías de Asuntos Indígenas, de Derechos Humanos y de Seguridad.

En el epílogo del encuentro el senador Cruz hizo referencia a la complejidad y gravedad del caso, por sus componentes de violencia, usurpación y necesidad de regulación dominial de las tierras, indicando que el Senado se pone a disposición para acompañar las gestiones que estén a su alcance, tras lo cual las denunciantes agradecieron el haber sido escuchadas, alertaron sobre lo delicada de la situación y pidieron una rápida intervención judicial, reabriendo el caso, para evitar mayores consecuencias.