Durante el tratamiento de la propuesta, el concejal Gonzalo Corral hizo hincapié en el objetivo de la iniciativa, sosteniendo que “lo que busca es tomar medidas de resguardo, en primera instancia identificando a los titulares o responsables de los perros potencialmente peligrosos que hay en la ciudad de Salta”. Subrayó que esta medida responde “a la gran cantidad de denuncias por daños que ocasionan estos animales en personas o en otros animales”. Asimismo, precisó que el objetivo no es “victimizar a los animales, sino que los cuidadores asuman la responsabilidad que implica tener este tipo de animales en sus hogares”. Corral explicó además que la iniciativa busca “identificar aquellos animales que ya tienen antecedentes de mordeduras y notificar a sus dueños para colocarles un microchip, lo que permitirá un control más efectivo y seguro”.
En el texto sancionado en la fecha se establecen modificaciones en el artículo 40 de la mencionada norma, estableciendo que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá suscribir convenios con instituciones públicas o privadas y organizaciones civiles, recomendados por la Autoridad de Aplicación, para la realización de programas de educación y promoción que permitan el cuidado responsable de animales. En caso de perros judicializados se podrá suscribir convenio con el Poder Judicial.
También se incorpora un artículo en el cual se define al Dispositivo de Identificación Animal Electrónica (DIAE) como un pequeño dispositivo electrónico o microchip que se implanta debajo de la piel del animal y contiene un código único que permite su fácil individualización en clínicas o centros de control animal a través de un lector de identificación por radiofrecuencia. El microchip debe cumplir con las normas técnicas y sanitarias exigidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y los estándares ISO de calidad internacional. Se indica que el dispositivo deberá contar con los datos del cuidador responsable y del animal.
Mediante otro artículo se fija que la Autoridad de Aplicación podrá notificar al cuidador responsable de un perro potencialmente peligroso para la implantación del microchip en los casos de existencia de demanda civil o denuncia penal en curso sobre daños a personas u otros animales, o por incumplimiento acreditado de las condiciones de tenencia responsable previstas en la Ordenanza. Los cuidadores responsables notificados deberán implantar el microchip en los centros habilitados, dentro de un plazo de hasta sesenta días, contados desde la notificación fehaciente. En el supuesto que el cuidador responsable no fuera notificado, la implantación del microchip será voluntaria.
Se prevé además que son centros habilitados para la implantación del microchip: el Hospital de Salud Animal, el Centro de Adopción “Matías Nicolás Mansilla”, veterinarias registradas y cualquier otro que la Autoridad de Aplicación determine vía reglamentación.
También se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas continuas de castración gratuita de perros potencialmente peligrosos en situación de calle. La iniciativa también prevé aspectos vinculados a las sanciones por el incumplimiento a la implantación del microchip dentro del plazo establecido, e incorpora a la normativa disposiciones finales que regulan su aplicación.
Durante el tratamiento expresaron su postura a favor del Proyecto los concejales Juan Pablo Linares, Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez Eichele (ambos JxC), Belén Mamaní y José García (ambos de YP). Mientras que la edila Inés Bennassar (GSC) fundamentó su voto negativo.
