En la Sala de Intendencia de la Municipalidad tuvo lugar un encuentro encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, a cargo del Ejecutivo municipal, Matías Cánepa; el titular del Tribunal de Faltas, Guillermo López Mirau; y el procurador adjunto, Manuel Saravia Arias; con el objetivo de fijar acciones directas con respecto a los terrenos baldíos que se encuentran en estado de abandono total y la posibilidad de llevar a remate aquellas propiedades que se mantienen al margen de las ordenanzas vigentes y que son una preocupación para los vecinos.
En la mesa de trabajo se analizaron las medidas que actualmente se concretan, tales como las notificaciones a los propietarios -que se traducen en casi 1000 actas por año-, la falta de respuesta de los propietarios, las intimaciones, plazos y multas; las reincidencias, los descargos y las posibles soluciones.
López Mirau sostuvo que “más allá de las cuestiones jurídicas o procedimentales, y en el caso particular de los baldíos, el tema de fondo es lograr la sana convivencia entre los vecinos. Nosotros como Tribunal debemos intervenir y resolver aplicando las sanciones que corresponden y corregir esas conductas, ya sea por la vía voluntaria de los propietarios o por la vía jurídica”.
En tanto,el procurador adjunto informó que “estamos coordinando acciones para lograr llegar a sanciones efectivas” y recordó que en varias oportunidades se reunieron con el procurador de la Provincia, Pablo López Viñals, “para generar dos vías: una que ya se está ejecutando en la que el municipio formula denuncias contravencionales dando lugar a las fiscalías y, la otra, estamos implementando mecanismos para agilizar la imposición de multas y posterior ejecución”.
Por su parte, Cánepa planteó la necesidad de trabajar arduamente en la erradicación de baldíos y subrayó que “la cantidad de terrenos abandonados nos obliga a que -ante quienes no resuelvan su situación y paguen las multas- podamos tener la posibilidad de llevar a remate el terreno, de manera que sea una medida disuasiva y una sanción ejemplificadora”.