Entre las principales características del proyecto, se destaca la oralidad y la transparencia de los procesos, con la obligatoriedad de grabar todas las audiencias para su consulta posterior. Esta medida permitirá un mayor control sobre los procedimientos y facilitará el acceso público a la información. Asimismo, se establece una diferenciación en los plazos procesales según la complejidad de los casos, con especial énfasis en los tiempos para resolver la prisión preventiva, evitando demoras innecesarias.

El proyecto también introduce el uso de mecanismos modernos de investigación, como la implementación de agentes encubiertos y la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración con imputados. Además, se creará una Oficina Judicial encargada de optimizar la gestión administrativa del sistema y coordinar las tareas entre los diversos actores del proceso penal. Esta oficina facilitará la agilidad y eficiencia en la tramitación de las causas.

Por otro lado, se establece un sistema de apelaciones horizontales, con el fin de agilizar la resolución de recursos judiciales y garantizar que los mismos sean revisados por jueces distintos a los que participaron en el juicio, lo que evitará la concentración de poder. El proyecto también permite la realización de audiencias remotas y el uso de tecnología para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, puedan acceder a la justicia, promoviendo la igualdad de acceso en todo el territorio provincial.