Los datos estadísticos y el monitoreo llevado a cabo por el OVcM dan cuenta del déficit de formación que existe en funcionarios y agentes del Estado en esta materia y el tratarse de una Ley Nacional rige en todo el territorio del país, debiendo cada provincia adherirse.
En tal sentido, el organismo solicita que la provincia adhiera a la Ley y que se arbitren los medios necesarios para que se efectivice y se capacite a funcionarios públicos en género y violencia contra las mujeres.