Mediante una nota, el Observatorio solicitó a la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo que difunda la siguiente información: 

La PERSPECTIVA DE GÉNERO es un enfoque sobre las acciones y políticas del estado, que se desprende de las obligaciones contraídas por el Estado Nacional. Lo que busca es la erradicación de toda forma de discriminación y desigualdad hacia las mujeres y personas de la diversidad sexual. Parte de la premisa del reconocimiento de la desigualdad histórica.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1979) que establece en su

Artículo 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (OEA, 1994)

Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para (…):

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer

Ambos textos constituyen normas obligatorias para nuestro estado, y deberán ser cumplidas en el marco de un estado de derecho.

La IDEOLOGÍA DE GÉNERO es un concepto acuñado por sectores políticos conservadores, para referirse de forma peyorativa y falazmente a la perspectiva de género. En el fondo lo que se busca es la obtención de rédito político generando confusión en las comunidades educativas. Legalmente no existe, no tiene anclaje en ninguna norma jurídica.