El pedido de allanamiento, solicitado por el Juez de Garantías de Primera Nominación de ese distrito, ingresó al Jurado de Enjuiciamiento en horas de la tarde del viernes pasado.

En la resolución el tribunal dijo que “la Ley 7138 establece un trámite para allanar la inmunidad de los magistrados o funcionarios acusables ante este Jurado de Enjuiciamiento, que consiste en examinar los antecedentes acompañados y evaluar el asunto, no desde el punto de vista jurídico sino desde la política y ética en salvaguarda del prestigio, autoridad y eficiente funcionamiento de la Justicia”. Destacó, asimismo, que “el pronunciamiento del desafuero carece de toda relevancia en la ulterior decisión judicial que ha recaer en el aludido proceso penal, pues no entraña un prejuzgamiento acerca de su inocencia o culpabilidad ni anticipa juicio alguno sobre el resultado de la referida cuestión penal; lo que revela inequívocamente que la medida reviste un evidente e inconfundible carácter político institucional, como lo tiene también el examen de los motivos en que se apoya, pues este Jurado debe limitarse a apreciar la seriedad de la imputación -lo que así se hizo- sin inmiscuirse en declaraciones de naturaleza judicial”.  

La reunión fue encabezada por la Presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, con la presencia del juez de Corte Pablo López Viñals; el Senador Jorge Pablo Soto, en representación de la mayoría de la Cámara de Senadores; el Senador Javier Mónico Graciano, por la minoría de la Cámara de Senadores; el Diputado Esteban Amat, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; el Diputado Juan Carlos Roque Posse, por la minoría de la Cámara de Diputados; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, abogados de la matrícula designados respectivamente por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.