El entredicho entre los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Jujuy, Gerardo Morales, por el primer caso positivo de Covid_19 en Orán, continuó este martes en la sesión de la Cámara de Diputados.
En ese marco, el diputado Mizzau hizo referencia a la carta de Morales, donde dice que el camionero salteño se presentó con temperatura en el hospital de Orán, siendo devuelto a su casa; mientras que en el caso del otro camionero, se presentó en el hospital de Fraile Pintado e inmediatamente activó el protocolo. "Le pido a la justicia que investigue la veracidad del contenido de esta carta", sostuvo Mizzau.
Mientras, los diputados Rallé y Cartuccia deslindaron responsabilidad de los servicios de salud del gobierno de Salta en el caso en disputa.
La escalada entre los gobernadores surgió a partir de una declaración de Sáenz, donde dijo que el joven que dió positivo en Orán llegó a esa ciudad con un "certificado de muerte" dado en Pampa Blanca, donde se le informaba que el test al que había sido sometido fue negativo.
Esa acción provocó el enojo de Morales, que en una carta abierta pidió que Sáenz se disculpe con Jujuy; a lo que el salteño respondió por Twitter en tono de solfa que le respondía por esa vía porque la última carta la había escrito a su abuela a los ocho años; a lo que Morales le contestó también por Twitter, que a pesar de todo esperaba la disculpa de Salta.
También, en la etapa de manifestaciones, los legisladores se refirieron a temas como el servicio de transporte en el norte y el atraso salarial de las empresas que brindan ese servicio; la situación de taxistas y remiseros en protesta por distintas reivindicaciones; el despido de 700 operarios del Plan Belgrano en Anta; el impacto del Covid_19 en otros países de América Latina en comparación con la Argentina; la situación de los habitantes de Orán, que se sienten discriminados; la ´decisión del gobierno nacional de expropiar la empresa Vicentin y el estado de la causa contra el intendente de Aguaray, entre otros temas.
Disposiciones por la pandemia
Previamente, entre los proyectos de mayor trascendencia, Diputados dio media sanción al proyecto de Ley que establece disposiciones procesales transitorias que resultan necesarias para adecuar los trámites judiciales a la emergencia sanitaria establecida por la pandemia del COVID-19.
Se señaló que es conveniente fijar pautas procesales transitorias que permitan adecuar los trámites judiciales a la emergencia sanitaria y garantizar, de ese modo, el debido proceso legal y los derechos de acceso a la justicia y defensa en juicio, sin poner en riesgo la salud de los actores involucrados, para lo que resulta de utilidad el uso de tecnologías electrónicas y digitales.
En materia de audiencias, el uso de este tipo de tecnología posibilita mantener el distanciamiento pero a la vez asegura la efectiva vigencia de los principios de inmediación y concentración procesal al permitir que los magistrados y funcionarios judiciales tomen contacto, si bien no de manera física pero sí virtual, con los distintos sujetos del proceso y lleven adelante los actos procesales pertinentes. Sin perjuicio del cumplimiento de los principios de la oralidad actuada y de que el juez considere necesario, en determinados supuestos y en atención a la índole de la cuestión debatida o las particularidades del caso, que la audiencia se lleve a cabo con la presencia física de alguno o todos los sujetos procesales involucrados. Esta forma de celebración de las audiencias no implica autorizar a que ellas sean retransmitidas o difundidas de forma total o parcial, salvo aquellas que por la naturaleza del proceso puedan ser publicitadas.
Con el mismo objetivo de mantener las medidas de seguridad sanitarias dispuestas, resulta útil disponer que las entrevistas, exámenes y demás diligencias que deban cumplir los auxiliares de justicia y los distintos departamentos forenses del Poder Judicial y del Ministerio Público se practiquen, en la medida de lo posible, de manera remota.
