Desde esta manera, a partir de la modificación de la normativa se busca proteger a la mujer, controlando y neutralizando a su victimario. De acuerdo a lo establecido en la reforma, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de la víctima y/o de su grupo familiar, el juez podrá imponer consigna policial en el domicilio denunciado por el agresor, por el tiempo que resuelva conveniente.

Así también, se busca prohibir todo tipo de comunicación del agresor hacia la víctima por cualquier medio informático o de mensajería instantánea; además de relacionarse, entrevistarse o desarrollar conducta similar en relación a la víctima y/o su grupo familiar.

La diputada Silvia Varg, autora del proyecto, explicó que de esta forma se evita la revictimización de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, impidiendo que el agresor pueda seguir hostigándola.

“Muchas víctimas dan a conocer, a través de la tecnología, el cyberacoso o acoso de cualquier otro tipo, que deben soportar por parte de su victimario, es por ello que consideramos que esta medida es óptima en la lucha contra la violencia de género”, dijo la legisladora.

En tanto, otro de los argumentos expuestos, se refiere al Informe Anual 2019 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia, dónde indica que el 36% de las personas que solicitaron medidas de protección a la Justicia, deben volver a recurrir a ella con una nueva denuncia.

El proyecto fue aprobado por unanimidad del Cuerpo y pasó al Senado en revisión.