De esta manera quienes reúnan los requisitos establecidos por la Ley 7.517, podrán acceder por un plazo de 10 años a la excepción del impuesto. Esta normativa también comprende a los nuevos emprendimientos que celebren contratos de trabajo.

Dicho régimen fue instituido en el año 2008 y desde entonces su vigencia fue extendida periódicamente hasta el actual plazo que vence el 31 de diciembre del 2016.

El diputado Claudio Del Plá, cuyo bloque del Partido Obrero votó en contra, pidió que se haga un balance de la efectividad de la exención de la ley, ya que manifestó no le consta cuantos nuevos trabajos generó ni a cuantos empresarios benefició.

“Hasta tanto me demuestren lo contrario creo que no sirvió para crear ni un solo puesto”, expresó.

Por el contrario, el diputado Mariano San Millán dijo estar convencido “no solo que incentiva la generación de mano de obra, sino que también este año sirvió como una contención ante la ola de despidos, porque los empresarios saben que perdían el beneficio”.

El diputado Guillermo Martinelli señaló que está ley de excepción debe ser limitada en el tiempo y no prorrogarse constantemente ya que existe un riesgo de que las Cooperadoras se desfinancien y desaparezcan en un plazo de 13 años. 

“Hasta que dejen de existir las necesidades que motivan la acciones de asistencia de las  Cooperadoras es necesario que estén estas instituciones, y para que eso suceda se las debe financiar mediante el impuesto previsto”, concluyó Martinelli.

Por su parte, el diputado Lucas Godoy defendió la exención porque considera que los fundamentos que generaron esa ley no variaron, sino que por el contrario se agudizaron con la presencia de cada vez más trabajadores despedidos. 

“Está claro que esta ley por si sola no genera trabajo, son las condiciones económicas la que en definitiva determinan eso, pero este tipo de ley potencian esas condiciones si son buenas y sirven de contención cuando la situación es adversa, como sucede ahora”.

Por último descartó que las cooperadoras vayan a desaparecer, “están todas correctamente financiadas, es más, la de la Capital hasta un plazo fijo tiene, se ve que le sobra el dinero”,  expresó Godoy.

Finalmente el diputado Mario Abalos consideró necesaria una exención que promueva el empleo, pero sin embargo advirtió que “es preciso tener la información de cuánta plata reciben mes a mes todas las cooperadora de la provincia”, además denunció que “muchos intendentes usan estas instituciones con fines electorales y las hacen funcionar solo para la época de elecciones, aprovechándose de la necesidad de la gente”.

El proyecto fue aprobado por mayoría y pasó al Senado en revisión.