Mediante la ley se busca establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); a los fin de dar cumplimiento a lo firmado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Los contenidos que se brindarán apuntan a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley Nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Cabe destacar que de esta manera todos los agentes del Estado deberán cursar y aprobar la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

Un dato importante que los legisladores resaltaron fue el que brindó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) en su informe anual sobre la cantidad de denuncias por violencia de género que se produjeron en Salta en el año 2017 de 32 por día, mientras que en 2018 fueron de 47 cada por día.

El diputado Lucas Godoy aclaró que el Instituto encargado de la aplicación de la Ley no será del poder nacional sino que corresponderá al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. 

“La educación, la capacitación y la empatía para todos los funcionarios del Estado provincial es muy importante, por lo que apoyo esta adhesión pero hay puntos que debemos trabajar y establecer de la mejor manera posible los contenidos que se brindarán”, dijo el legislador.

En tanto, la diputada Alejandra Navarro manifestó que es indispensable que la provincia adhiera a la “Ley Micaela” para poder trabajar de forma efectiva en la igualdad de las personas, ya que capacitando a los “tres poderes” será más fácil estar a la altura de las circunstancias. 

“El estado nacional gastará un 18% menos que el año pasado en materia de prevención de violencia de género, además es importante destacar que desde 2014 en Salta estamos en estado de emergencia en esta problemática, por lo que es un gran desafío el que debemos afrontar”, dijo la legisladora.