El primero de los apartados requiere al DEM que, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, genere una amplia campaña de difusión sobre cuestiones que se deben contemplar al momento de solicitar un préstamo en dinero. Esto, con el fin de evitar víctimas de usura y, en su caso, dar a conocer los derechos que posee el deudor, así como las maneras de ejercerlo.
Al referirse a los servicios de asesoría jurídica gratuita del municipio, AMI Salta y a la Defensoría del Pueblo, se les pide establezcan un protocolo de atención de estos supuestos. Mediante otro apartado se dirige la solicitud a la Secretaría de Seguridad de la Provincia, en este caso con el objeto de que lleve adelante un registro de personas que presentaron formal denuncia por usura. Debiendo efectuar un seguimiento para protección de la víctima y su familia e investigue si este tipo de préstamos tiene su raíz en redes vinculadas al narcotráfico.
Finalmente, se dispone invitar a los centros vecinales y organizaciones de la sociedad civil que tengan como finalidad actividades relacionadas con la protección legal. Para realizar acciones de prevención y orientación para las familias que hayan caído en redes de usura.
Se detalla en los Considerandos que este delito se configura cuando una parte, aprovechando las necesidades o inexperiencia de otra, cobra desproporcionadas tasas de interés u obtiene garantías extorsivas en el marco de un préstamo de dinero. Puntualizando que estas maniobras, tipificadas por el Código Penal en su artículo 175 bis, abusan del estado de necesidad e imposibilidad para afrontar circunstancias económicas personales, ofreciendo préstamos cuasi engañosos a una tasa de interés irracional.
Se resalta también la importancia de brindar información a los vecinos, a fin de que conozcan que pueden estar expuestos a caer en estas redes financieras usurarias, extorsivas, así como sobre sus derechos, tanto en el campo civil como penal. Se valora además la conveniencia de desarrollar acciones por parte del área de Seguridad de la Provincia para resguardar la integridad física de las personas que denuncien estas situaciones, como así también políticas para detectar redes que puedan estar actuando en la ciudad.
