La restante crea la oficina de enlace institucional entre el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y la Administración Nacional de la Seguridad Social en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta. La cual estará destinada al inicio, gestión y seguimiento de trámites en mora por parte de la ANSES, mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
La edil, Frida Fonseca (STF), señaló que ambas iniciativas fueron elaboradas en virtud al encuentro que mantuvieron los concejales con el titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Salta Sur, Marcos Vera. Además, consignó en relación a la primera de las iniciativas: “Tiene el objetivo estricto de sostener el planteo crítico que venimos haciendo, tendiente a buscar una solución clara y viable para los vecinos de la ciudad que necesitan acceder a los servicios que presta la ANSES”. En relación a la restante Resolución, la legisladora dijo: “La idea es que la oficina de la Defensoría del Pueblo pueda realizar el reclamo administrativo que corresponde cuando haya mora por parte del organismo”.
Cabe señalar que la Resolución que crea la oficina de enlace institucional consta de un segundo artículo. El cual solicita a la ANSES la capacitación del personal de la Defensoría del Pueblo y del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, en lo que se refiere al inicio, gestión y seguimiento de trámites.
En el transcurso del análisis de la iniciativa, ediles de distintos bloques políticos tomaron la palabra compartiendo su punto de vista. José Gauffín (JC) señaló la importancia de la temática y que, en la reunión desarrollada, se establecieron acciones concretas. También se expresó Romina Arroyo (STF), quien dijo que la redacción del texto responde a que “la atención en Salta de la ANSES es nefasta, perjudicando a todos los sectores, pero sobre todo a los más vulnerables”. En tanto, José García (YP) se refirió a la cantidad de turnos que son solicitados por gestores en el organismo nacional, requiriendo que se trabaje para lograr una solución. Por su parte, Laura García (FT) sostuvo: “No hay que echarle la culpa al ejecutivo nacional, provincial o municipal por funcionarios que no funcionen”.
