La intervención del mismo comprende a todos los servicios y establecimientos de salud, públicos y privados o del tercer sector, cualquiera sea su forma jurídica o de gestión que se encuentren en el territorio de la Provincia de Salta.

Tendrá como funciones, entre otras, la monitorear periódicamente la inserción social de personas y  las condiciones de internación por razones de salud mental, evaluar que toda internación involuntaria se encuentre debidamente justificada y requerir información y/o documentación a las instituciones de internación, que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos.

El Órgano estará integrado por siete miembros titulares y siete miembros suplentes, los últimos podrán asistir a las reuniones con voz, más no podrán emitir voto. En ambos casos los cargos tendrán vigencia por un periodo de dos años y serán ad honoren.

Los representantes deberán ser del Ministerio de Salud Pública;  del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia;  el Ministerio Público; los Colegios y Asociaciones de Profesionales y otros trabajadores del Sistema de Salud Mental de la Provincia de Salta; las Asociaciones de Usuarios o Familiares del Sistema de Salud Mental de la Provincia de Salta y uno por las Organizaciones no Gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos en la jurisdicción de la Provincia de Salta.

La diputada Isabel De Vita manifestó que esta propuesta es un paso adelante para Salta en materia de derechos de salud mental en diferentes edades.

“Esta iniciativa está basada en la ley nacional 26.657, que tiene un enfoque integral de los problemas de salud mental, teniendo en cuenta que hay nuevos factores de riesgos para nuestros jóvenes, por lo cual es el órgano de control que deberá asegurar que los puntos clave del cuidado de este aspecto sanitario se respeten”, dijo la legisladora.

El proyecto autoría de la diputada Isabel De Vita fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.