A ocho años de la sanción de la Ley Provincial Nº7888, de Protección contra la violencia de género, el Senado a través de la Comisión especial de la Mujer, Género y Diversidad, planteó la necesidad de realizar una profunda revisión con vistas a lograr su optimización y su adecuación a la realidad que presenta este flagelo en la actualidad. 

Para ello tomó como base un Proyecto que impulsa una amplia modificación de la Ley 7888, presentado a fines del año pasado y que se buscará enriquecer con el aporte de los diferentes sectores involucrados en la problemática, tales como Poder Judicial, Ministerio Público, Desarrollo Social, Salud Pública, Seguridad, Secretaría de las Mujeres y colegios profesionales.

A tal efecto este miércoles se llevó adelante una primera ronda de trabajo, presidida por la senadora, Sonia Magno, que contó con la participación de los legisladores, Carlos Rosso; Manuel Pailler; Esteban D’Andrea y Carlos Ampuero; de la Dra. María Carolina Cáceres Moreno, titular del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nº3 del distrito Centro; de la licenciada, Natalia Fuentes y de la Dra. Pilar González Sastre, en representación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

En ese marco los presentes trazaron un diagnóstico sobre la aplicación de la Ley, coincidiendo en que la dinámica social demanda ajustes y actualizaciones, dado que hoy los diversos recursos que dispone el Estado se concentran en el inicio de las denuncias y no a lo largo del proceso, lo que en muchos casos ocasiona la revictimización del denunciante.

Para ello se planteó la necesidad de articular redes con diversos estamentos que puedan brindar una respuesta integral a la víctima a lo largo del proceso. Es fundamental un trabajo interdisciplinario que involucre el acompañamiento no solo jurídico, sino también psicológico y económico, sostuvo la jueza Cáceres Moreno.

En ese sentido destacaron la propuesta, incluida dentro del proyecto, de creación de un programa de psicoterapia para el acompañamiento de víctimas o la creación dentro de la Policía de la División especializada en materia de violencia familiar y de género como cuerpo capacitado, teniendo en cuenta que se trata de la primera línea de actuación en estos casos.

Hoy cada vez más personas se animan a denunciar y eso llevó a que el año pasado se radicaran poco más de 27 mil denuncias por violencia familiar o de género en toda la provincia, que son atendidas por 3 juzgados, mas 5 fiscalías de violencia familiar y de género del distrito centro y 10 defensores de incapaces.

La violencia ataca a todos los estratos sociales y es transversal y la idea es armar un flujograma que permita optimizar lo que ya tenemos en todas las áreas para acompañar a la víctima. La intervención inicial es amplia, pero falta seguimiento, coincidieron los presentes, que agregaron que el objetivo final es trabajar para llegar a un Código de procedimiento en materia de violencia de género.

Por su parte los senadores reiteraron que se trata de un proyecto abierto a modificaciones y aportes, que busca incorporar las miradas del poder judicial, el MSP, de organismos estatales, de seguridad y otras organizaciones.

También pusieron de manifiesto que cuando se habla de violencia de género no solo se habla de violencia física, sino psicológica, económica y habitacional.

La senadora Magno se refirió a la necesidad de contar con información sobre el recurso humano específico con el que cuenta el sector seguridad para atender a las víctimas, dado que la realidad del interior es distinta a la de la Capital.

Al cierre del encuentro se programó la ronda de invitaciones para permitir la participación y el aporte de todos los sectores involucrados en la temática.