El Programa de Intervención a Hombres (Priho) se puso en marcha con un convenio firmado por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y la Corte de Justicia de Salta. Comenzará como una experiencia piloto: un primer grupo de 12 varones que ejercieron o ejercen violencia de género o familiar ingresarán a un proyecto socioeducativo que buscará prevenir nuevos episodios y erradicarlas.
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, formalizó hoy el acuerdo con el juez de la Corte salteña, Ernesto Samson. Los funcionarios destacaron la necesidad de avanzar con un trabajo colaborativo entre los Poderes del Estado para abordar este tipo de problemáticas. En la ceremonia también participó la jueza Sandra Bonari.
“Este es un programa central que valoro y celebro la agilidad con la que trabajamos objetivos comunes con la Corte de Justicia”, indicó el ministro López Arias, quien marcó la necesidad de continuar esta tarea para que la sociedad tome conciencia de que los varones violentos “necesitan ayuda. Cuando ocurren hechos de violencia uno siempre se pregunta cuáles serán las cargas emotivas y psicológicas” de los victimarios.
Un grupo interdisciplinario de la Secretaría de Derechos Humanos (conformado por psicólogos, abogado y asistente social) trabajará con este primer grupo que será derivado por los Juzgados de Violencia Familiar y de Género. Los seleccionados no tendrán condenas, sino una primera denuncia, y la asistencia no será optativa.
El trabajo grupal e individual será distribuido en módulos, lo que demandará una intervención de unos seis meses. Los profesionales María Elisa Brandon y Ramiro Iglesias (psicólogos), José Guaymás (abogado) y Azucena Romero (asistente social) enviarán evaluaciones periódicas a la Corte que certificarán los avances.
La jueza Bonari opinó que el flagelo de la violencia de género sólo se podrá combatir y prevenir con la fuerza de todos los Poderes y de la sociedad. Su par, Ernesto Samson, fue en esa misma línea y puntualizó que la “división de Poderes en estos casos no debe existir. El compromiso del Poder Judicial es manifiesto con programas sociales de este tipo, no netamente judiciales”.
