A travé de un comunicado, representantes de clínicas privadas hicieron saber su molestia con la acción de amparo dispuesta por la justicia en atención a una presentación del gobierno provincial, para que admitan a pacientes covid con obras sociales y no los deriven al sistea público.
El comunicado dirigido al gobernador expresa:
Quienes nos dedicamos con compromiso a la prestación de servicios de salud en la Provincia de Salta nos dirigimos a Ud. en relación a las versiones periodísticas que nos imputan falsamente desinterés e indiferencia por pacientes de COVID-19 y que lo han determinado a la presentación de una acción judicial tendiente a obligarnos a que cumplamos con el deber de asistencia médica.
Esto representaría que Salta sea la única provincia en el país con una determinación gubernamental de ese tipo.
Consideramos necesario informar a la comunidad de Salta que, a la fecha, el sistema privado de salud se encuentra prácticamente colapsado por la expansión de la pandemia, lo que se traduce en la ocupación plena de las
camas para internación, como también en la saturación de consultas por guardia y por vía telefónica vinculadas con la patología que nos afecta transversalmente.
Transcurridos más de cinco meses desde que se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional y provincial, sanatorios y clínicas hemos brindado el servicio de manera satisfactoria, aun debiendo restringir las prestaciones
médicas, a pacientes que lo requerían por otras patologías también graves. Pusimos desde el primer momento nuestra infraestructura a disposición del Gobierno Provincial. Es por ello que un alto porcentaje de los casos
vinculados al Coronavirus han contado con respuesta eficiente en el servicio de salud privado, el que no ha recibido auxilio económico alguno.
Por el contrario, información oficial ha divulgado que el aparato estatal se ha visto beneficiado con la inversión de $2.000.000.000. Nos gobernamos por elementales principios de solidaridad y humanidad que se reflejan en la atención médica de la totalidad de los casos que se nos han presentado en este período de crisis. No hemos especulado jamás con la disposición de camas de internación sino todo lo contrario, a pesar de que normativa nacional dispensa a nuestros empleados de cumplir con su carga laboral en supuestos asociados con el Covid-19 y disminuye nuestra capacidad operativa.
Ante la impropia e injusta descarga de responsabilidades desde el Estado Provincial hacia nosotros, corresponde dejar en claro que la imposibilidad de asumir adecuadamente la atención de todos los ciudadanos castigados
por la pandemia es compatible con la existencia de una infraestructura estatal deficitaria, lo que fue reconocido por el Señor Gobernador en estos días. Las erróneas políticas gubernamentales se remontan a décadas pasadas.
Sin perjuicio del derecho de formular las presentaciones que se consideren pertinentes, no puede dictarse ninguna orden judicial que obligue a cambiar una realidad que habla de: aumento del costo de manera exorbitante en medicamentos, material descartable, oxigeno, la existencia de vacantes de toda la rama del personal de salud abocada a la atención de pacientes con patología COVID-19 y su expansión a niveles con duplicación de la cantidad de contagios prácticamente todas las semanas.
Hemos actuado con prudencia, y cumplido cada una de las disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad provincial. No hemos cuestionado ninguna de ellas a pesar de que se escuchan voces críticas de los
funcionarios a cargo de los hospitales. Entendemos que es el momento de aunar esfuerzos y evitar la gratuita atribución de inconductas que no tienen respaldo en la verdad.
Sin otro particular, y siempre dispuestos al diálogo fructífero, saludamos a Ud. atentamente.
